Agua limpia para 300.000 personas

El acceso al agua y al saneamiento es un derecho reconocido por la ONU. Sin embargo, 2.200 millones de personas no lo tienen garantizado. «No tienen desagües ni agua corriente: reciben agua de vendedores ambulantes, a menudo camiones informales que llenan sus tanques», denuncia Tebaldo Vinciguerra, responsable de los asuntos ambientales en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

Las aguas residuales de dichas personas «se quedan in situ y no es higiénico. Muchas están contaminadas por la industria extractiva y por varios procedimientos industriales o que vienen del inodoro, pero regresan al ambiente sin tratamiento», añade Vinciguerra. Son los desheredados del agua, donde la peor parte se la llevan las mujeres y los niños: «Si no hay un saneamiento adecuado en las escuelas puede ser que pierdan una semana de clases cada mes, y a menudo son las mujeres las que van a buscar agua». Muchas de ellas son menores que acaban sacrificando las horas de escuela para que su familia no tenga sed.

Esta crisis tiene sus raíces en la relación perversa que el hombre ha trazado con los ecosistemas acuáticos: donde antes se podía beber ahora hay agua contaminada por químicos, derrames de petróleo, basura, microplásticos… Vinciguerra atribuye esta incuria a un «enfoque tecnocrático» donde los recursos hídricos «se acaparan, se desperdician y se contaminan». El hombre «se cree con la posibilidad de ejercer un control total sobre la naturaleza. Con una mentalidad individualista y una promoción del consumismo resulta difícil mantener justas relaciones con los demás y con la naturaleza, se amenazan equilibrios importantes; dominan la indiferencia y la resignación», sostiene.

La falta de agua potable suele ir de la mano de la pobreza económica, sanitaria y educativa. Pero el principal problema no es que falte agua, sino que mucha no puede utilizarse. «La contaminación a veces viaja, y los daños se extienden muy lejos. La vida desaparece de ríos y lagos», añade este funcionario vaticano que trabajó en el documento Aqua fons vitae, publicado el año pasado con medidas concretas para que las instancias eclesiales presentes en países en vías de desarrollo puedan revertir esta problemática.

Uno de sus frutos prácticos es la iniciativa para evaluar y mejorar las condiciones de acceso al agua potable, al saneamiento y a la higiene (WASH por sus siglas en inglés) en cerca de 150 centros sanitarios de 22 países. Hablamos con Gonzalo Sales Genovés, director de la Fundación Juan Ciudad, de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en España, una de las organizaciones eclesiales que se han sumado a esta iniciativa.

¿Cómo estáis operando en esta iniciativa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral?
La Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios contribuye al Proyecto WASH con el asesoramiento y la orientación en el suministro de agua potable en los centros sanitarios que la orden tiene distribuidos en el mundo. Hemos seleccionado a diez centros de salud, hospitales y clínicas donde desarrollamos nuestra misión. Nueve en África: (Ghana, Senegal, Sierra Leona, Zambia) y uno en Perú.

¿Con qué criterio se ha seleccionado?
Hemos elegido los centros donde más carencias hemos detectado. En África hemos encontrado más falencias que en América Latina: problemas de deterioro de los sistemas de abastecimiento existentes, en la purificación de residuos, en el tratamiento de residuos, en las instalaciones para lavarse las manos, en la separación de baños por sexos, en los depósitos de residuos o en la distribución de agua, además de diversas carencias en el alcantarillado.

¿Cómo van a resolver estos problemas en las infraestructuras?
Trabajamos codo con codo con el dicasterio y con las organizaciones Global Water 2020 y Catholic Relief Services, ambas centradas en el suministro de agua potable y el saneamiento. Nuestro enfoque es de cambio y de reforma de las infraestructuras existentes, que están obsoletas y deterioradas. Tenemos hospitales en África que datan del 1952. Hemos hecho un análisis y un diagnóstico de estos diez centros en colaboración con los responsables locales. Después hemos evaluado económicamente el proyecto de renovación necesario para pasar a la cotización de estos servicios y a la búsqueda de los financiadores.

¿Cuál es la cifra que han cuantificado para acometer estas reformas?
Hemos calculado que para todas las rehabilitaciones se necesitan 200.000 euros. No es una cantidad muy elevada. Hemos ajustado al máximo el presupuesto, porque la austeridad está en nuestro ADN. Pero la iniciativa del dicasterio abarca cerca de 150 instalaciones sanitarias en 22 países que van desde pequeños dispensarios hasta grandes hospitales. Lo nuestro debe de rondar el 10 % de la magnitud total de la iniciativa del dicasterio del Vaticano.

¿Cuántas personas se beneficiarán de estas reformas?
Va a impactar directamente en más de 300.000 personas. Hoy tener una fuente de agua potable y disponible para mantener la higiene y luchar contra el coronavirus es fundamental.

¿Qué plazo os habéis dado para revertir esta problemática?
Vamos de la mano del dicasterio, que es quien coordina, pero en la práctica lo que se quiere es que en todos los centros de salud de la Iglesia haya acceso al agua potable con el fin de tratar a los pacientes de forma segura.