Los vientres de alquiler «altruistas» también son «vejatorios para la mujer»

Uno de los argumentos que aducen algunos barones del PP para que su partido tome postura a favor de los vientres de alquiler es que solo se permitiría la «maternidad subrogada altruista». En esta variante de los vientres de alquiler, los solicitantes solo pagan los gastos vinculados al desarrollo del embarazo, como el asesoramiento legal, los tratamientos de fertilidad y la atención médica durante la gestación si esta no está cubierta por un seguro médico o prefieren que se lleve a cabo en la sanidad privada.

En la mayoría de casos, también se ahorrarán los gastos de las agencias de maternidad subrogada, pues las mujeres gestantes suelen estar en su círculo de amigos o familiares.

Según quienes querían defender esta práctica en el congreso del PP este fin de semana, como Cristina Cifuentes, Alberto Núñez Feijoo o Juan Manuel Moreno, el hecho de que la mujer no reciba un pago a cambio de su aportación evita que la subrogación explote a mujeres vulnerables o con falta de recursos. También permite desvincularse de expresiones como «vientre de alquiler», y da una imagen más positiva de este tipo de intercambios.

¿Gratuita?

La realidad, afirman los detractores de esta práctica en todas sus modalidades, es bien distinta. En primer lugar, porque es muy difícil garantizar la absoluta gratuidad y que no haya ningún tipo de compensación. Aunque su motivación original sea altruista –explica la directora de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune, Mónica López Barahona–, «constituye en último término un proceso precedido de una transacción económica o en el que se acuerda un pago periódico durante la gestación, ya sea en concepto de compensación o para la cobertura de costes sanitarios».

En este sentido, surge el paralelismo con la donación de óvulos, que en España es teóricamente desinteresada, pero las «compensaciones» que se dan por las molestias del proceso son suficientes para que las clínicas de fertilidad atraigan a una cantidad importante de jóvenes. En el caso del embarazo, que tiene unas implicaciones mucho más intensas y prolongadas, se podría justificar casi cualquier cantidad como compensación… o, directamente, el pago se realizará de forma secreta.

«Gratis casi nadie querría»

Incluso entre las mujeres que se plantean gestar a un niño para otros, «la mayoría no quieren pasar por los nueve meses de embarazo de forma gratuita», explica Jennifer Lahl, presidenta del Center for Bioethics and Culture Network, una entidad que combate los vientres de alquiler y que produjo el documental Breeders (Parideras).

De hecho, el paso lógico a la aprobación de la maternidad subrogada es que se transforme en comercial. Es el caso del estado de Nueva York, donde «la maternidad subrogada comercial está prohibida. Pero en 2014 se introdujo una ley para permitirla. Sus defensores alegaban que si no se podía pagar a las madres estas no querrían hacerlo», explica Lahl.

Más riesgos médicos

En cualquier caso, ni siquiera la garantía de una total gratuidad y una –hipotética– abundancia de voluntarias eliminaría otros factores de la subrogación que perjudican a la mujer gestante en su salud y su dignidad. Por ejemplo, «incluso en una subrogación altruista entre miembros de una misma familia, los riesgos médicos del embarazo siguen estando ahí», explica Barahona.

«La mayoría de las personas –continúa– no son conscientes de que tiene más riesgos que la maternidad natural»; por ejemplo, por los tratamientos hormonales, por los embarazos múltiples que muchas veces siguen a la fecundación «in vitro» –vinculados a complicaciones como diabetes gestacional y preeclampsia–, o por el uso casi exclusivo de la cesárea como forma de dar a luz.

A contracorriente para romper el vínculo

La cesárea –añade Lahl– «se recoge en el contrato porque el parto vaginal promueve el vínculo entre madre e hijo». Esto «pone a la madre en riesgo», y, paradójicamente, coincide con un «gran movimiento para que se dejen de practicar» tantas cesáreas.

Barahona añade que, además, los acuerdos de subrogación, incluso en sus aspectos no económicos, son «altamente vejatorios para la mujer. En ellos llega a estipularse hasta lo que tiene que comer, si puede teñirse o no el pelo, fumar, beber, si puede tener relaciones sexuales con su marido…». Todo ello, para preservar al máximo la salud del niño. «Paradójicamente, a la vez se le intenta impedir que sea consciente de que está embarazada», y poner todos los obstáculos posibles a que se forme ningún tipo de vínculo entre madre e hijo.

En primer lugar, en los últimos años se promueven más los embarazos fruto de un óvulo donado, frente a la tendencia inicial de que la madre gestante aportaba también sus gametos. Esta medida pretende distanciarla del niño y, además, hace que como «ya no es madre biológica del niño, no tenga derechos» en caso de cambiar de opinión, explica Lahl.

«Una mala política pública»

Además, después del parto por cesárea, «se le quita al niño directamente, aunque en algunos casos el contrato incluye la lactancia y la madre gestante está obligada a sacarse leche y dársela» a los padres contratantes, continúa esta experta estadounidense.

Todas estas prácticas hacen –concluye Barahona– que «el 10 % de las mujeres necesite ayuda psicológica después». «Es una mala política pública permitir a la madre arriesgar su vida o su salud para servir a otra».

Por todos estos motivos, en la lucha contra la maternidad subrogada están implicadas también entidades feministas. Este mismo jueves, la escritora Lidia Falcón escribía en el diario Público una carta abierta a Íñigo Errejón en la que argumentaba así su oposición a esta práctica: «De la misma manera que en la esclavitud no solamente se utiliza la capacidad laboral del trabajador sino la persona misma, y por eso es infame, manipular el cuerpo femenino para fertilizarlo, embarazarlo y después sustraerle el “producto”, como si se tratara de que hubiera fabricado unos zapatos, es también infame».