Las propuestas políticas de Cáritas ante las elecciones han recibido un feedback positivo de los partidos

Con motivo de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Cáritas Española ha presentado este jueves 5 de noviembre sus propuestas políticas. Se trata de un documento que ya han presentado a los partidos políticos, cuya elaboración comenzó hace 10 meses y que busca «revertir la situación de vulnerabilidad y exclusión que afecta a una de cada cuatro personas en nuestro país», ha explicado Ana Abril, responsable del equipo de Incidencia Política.

Son precisamente esas mismas personas las que se encuentran en el centro de las propuestas políticas de Cáritas Española, que se han elaborado a partir del testimonio de 940 personas acompañadas por la entidad eclesial en todo el territorio. «Nos hablaron de los derechos vulnerados en sus vidas, de las consecuencias que esto les ha generado y de las causas», y a partir de ahí «se ha redactado el documento», ha puntualizado Abril.

En esas conversaciones «todos nos hablaron del problema de la vivienda», lo que «habla de la magnitud del problema y de la urgencia por solucionarlo», ha aseverado la responsable del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española. De esta forma, la protección integral frente al acceso y a la pérdida de la vivienda es una de las propuestas, pero no es la única.

Unas propuestas con las que la organización se ha comprometido a hacer un seguimiento hasta su implementación final. En este sentido, Cáritas Española ha recibido un feedback positivo del documento de los diferentes partidos políticos, hasta el punto que «nos han dicho que después de las elecciones quieren volver a reunirse con nosotros para ver cómo avanzar en este sentido», ha asegurado Ana Abril.

Las 11 propuestas son la siguiente:

Garantizar la efectividad de los derechos humanos. Cáritas sugiere la modificación de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y la inclusión de funciones de seguimiento y ejecución de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos. Su objetivo es que todas las personas en España tengan garantizados de forma efectiva los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por nuestro Parlamento en abril de 1973) así como en la Carta Social Europea Revisada (ratificada en junio de 2021).

Los tratados europeos e internacionales de derechos humanos declaran que toda persona necesita para poder vivir con dignidad el tener garantizado un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar a través de una alimentación adecuada y sostenible; acceso a la vivienda, a la energía, al agua, a internet, al vestido, a la asistencia médica y los servicios sociales. Además, la persona debe poder contar con seguro en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez o en casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

«La interpretación de los derechos contenidos en nuestra legislación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos es una obligación que vincula tanto al legislador como a los tribunales», explica Sonia Olea, referente de políticas de derechos humanos, cooperación internacional y ecología integral de Cáritas Española.

Garantizar que todas las políticas de transición ecológica vayan unidas a la protección de las personas vulnerables. Cáritas propone que las políticas públicas establezcan medidas activas para la protección de las familias frente a las vulnerabilidades hídrica y energética; asegurando que la transición hacia un modelo más limpio y sostenible es justa para las comunidades y colectivos afectados, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. También que se garantice el derecho a la movilidad sostenible a través de un sistema de transporte público justo, inclusivo y asequible; eliminando barreras para personas con movilidad reducida, bajos ingresos o que viven en zonas rurales, a través de infraestructura accesible, financiación equitativa y servicios eficientes.

«La vulnerabilidad social y la emergencia ecológica son dos caras de la misma moneda que deben ser abordadas de forma integral. Es fundamental proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, garantizar su acceso a los recursos básicos, sus derechos y mejorar sus condiciones de vida, para lo cual es también crucial adoptar medidas para proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero», señala Sonia Olea.

Protección integral frente al acceso y a la pérdida de la vivienda. Uno de cada cuatro hogares en nuestro país tiene algún problema con su vivienda, ya sea porque su tenencia es precaria, porque es inadecuada o no puede hacer frente a los gastos de su mantenimiento. Frente a esta realidad, Cáritas pide la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para garantizar a todas las personas que residen en habitaciones las mismas garantías que amparan al resto de arrendamientos de vivienda.

También solicita la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para asegurar que las personas afectadas por desalojos tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada sin que se produzca el desalojo de su hogar mientras no se garanticen estas condiciones mínimas. Por último, propone que se cuente con un parque de vivienda social, y dentro de ella, de viviendas de emergencia, para así poder afrontar desde las administraciones públicas las situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión que sufren las personas y las familias en el acceso a una vivienda adecuada.

«La vivienda se ha convertido en el nuevo vector de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. Garantizar un hogar a todas las personas que viven en la calle, en viviendas de acogida, infravivienda o vivienda insegura se ha tornado un objetivo esencial y prioritario para el diseño y ejecución de políticas públicas basadas en el derecho humano a una vivienda adecuada», explica Virginia Pastrana, referente de políticas de vivienda y salud de Cáritas Española.

Ampliar la cobertura pública en materia de salud bucodental, oftalmológica y auditiva a personas en exclusión. La normativa estatal configura la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud de manera que la atención bucodental, oftalmológica y auditiva queda reducida, en la práctica, a un conjunto mínimo de prestaciones y a un número limitado de colectivos beneficiarios. Esta insuficiencia de la cartera común genera, además, una desigualdad territorial al no garantizarse un contenido mínimo homogéneo en todo el Estado.

Frente a esta situación, Cáritas solicita que se garantice a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad el reconocimiento como colectivo prioritario en el conjunto de prestaciones bucodentales, visuales y auditivas del Sistema Nacional de Salud.

«No poder ver bien, escuchar con dificultad o renunciar a un tratamiento bucodental por falta de recursos no debería ser una barrera para nadie. Las personas que han participado en este proceso nos recuerdan que existe una parte fundamental de la salud que sigue quedando fuera del alcance de quienes más la necesitan y que requiere una respuesta decidida por parte de las administraciones», señala Virginia Pastrana.

Avanzar hacia un sistema de cuidados basado en derechos tanto para las personas beneficiarias como para las personas que proveen esos cuidados. Cáritas sugiere que la aplicación de la recién aprobada Ley de dependencia se aplique por igual en todo el territorio del Estado y para todas las personas que necesitan recibir cuidados adecuados a lo largo de su ciclo vital, con especial foco en aquellas con menos recursos. Asimismo, pide que reconozca y equipare en derechos a las personas trabajadoras del sector, con el resto de las personas trabajadoras.

Para ello, Cáritas solicita que las personas cuidadoras profesionales tengan garantizadas la equiparación salarial y las condiciones laborales y de seguridad social, prevención de riesgos laborales y acceso a la negociación colectiva, conforme al Estatuto de los Trabajadores, la normativa de prevención de riesgos y los estándares europeos de trabajo decente.

En el ámbito del empleo de hogar se debe consolidar la equiparación plena de derechos. Por eso Cáritas considera necesario reforzar el control sobre estas contrataciones solicitando que se exija su registro en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) como ocurre con el resto de las actividades productivas por cuenta ajena. Asimismo, y puesto que la contratación de estas personas trabajadoras es soportada por personas físicas, debe plantearse una estrategia de fomento de la contratación que consolide desde la realidad de la cotización, que el sector de los cuidados es un sector de actividad profesional en desarrollo.

«Una sociedad justa se mide por su capacidad de acompañar a quienes más apoyo necesitan y de valorar a quienes sostienen esa tarea cada día», señala María Segurado, referente de políticas de empleo de Cáritas Española.

Reducir la precariedad laboral de las personas trabajadoras con mayor dificultad de acceso al empleo. La precariedad laboral constituye un elemento estructural del mercado de trabajo en España, caracterizado por tres dimensiones: inseguridad en el empleo, la insuficiencia de ingresos y la carencia de derechos de protección social. Cáritas propone modificar el Estatuto de los Trabajadores para que se deba justificar mediante justa causa, la realización de un contrato a tiempo parcial.

También sugiere reforzar, igualmente el derecho a ampliar la jornada frente a vacantes disponibles y que se reconozca y regule la formación práctica de acceso al empleo para los colectivos de atención prioritaria que realizamos las entidades sociales. «Se trata de una formación para el empleo con un plus que también necesita la entrada en las empresas, la conexión directa en el centro de trabajo con los aprendizajes teóricos que no tiene un encaje visible actualmente», explica María Segurado.

Impulsar el desarrollo reglamentario de la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. Cáritas identifica, en su acompañamiento diario a las personas, que cuando la Administración falla en su obligación de implementar políticas públicas de prevención y eliminación de todas las formas de discriminación, sus consecuencias afectan de manera especialmente intensa a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

«La complejidad de ciertos procedimientos administrativos, demoras injustificadas y otros obstáculos dificultan el acceso efectivo a derechos y al ejercicio efectivo de ciudadanía. En ocasiones esta realidad acaba produciendo situaciones de discriminación o exclusión social», explica Diego Fernández-Maldonado, referente de políticas migratorias de Cáritas Española.

La ley en vigor ofrece un marco normativo claro para garantizar y promover la igualdad de trato y no discriminación. Sin embargo, Cáritas considera que la plena implementación de esta norma a través de un desarrollo reglamentario resulta esencial para asegurar una protección real de las personas en situación de mayor vulnerabilidad frente a todas las formas de discriminación, eliminando barreras de acceso a derechos y reforzando los mecanismos de prevención, protección y reparación.

Mejora del Ingreso Mínimo Vital. Lograr un sistema adecuado de garantía de ingresos mínimos adaptado a las situaciones de pobreza y exclusión sigue siendo una tarea pendiente. Para ello, Cáritas ve imprescindible reformar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que llegue de forma efectiva a las personas en pobreza y exclusión severa.

Con esa finalidad, sugiere la reducción de la unidad de convivencia centrándose en la unidad familiar nuclear; la modificación del régimen de requisitos de acceso, especialmente los vinculados a la residencia administrativa; facilitar la compatibilidad con el empleo -valorando modos de reactivación automática del IMV al finalizar el empleo temporal, sin reiniciar el procedimiento ni generar periodos sin ingresos-; revisar la definición y valoración del patrimonio analizando el tipo de activos que se incluyen y el impacto real en la vulnerabilidad económica de los hogares. Cáritas sugiere además garantizar el acceso a la justicia gratuita en la vía administrativa previa, para evitar la indefensión de personas en extrema vulnerabilidad.

«El IMV es una política imprescindible para garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias en situación de pobreza, pero debe mejorarse para que llegue a todas las personas que lo necesiten, de forma mucho más rápida y automática, siguiendo las propuestas que ha realizado la AIReF, y generando seguridad y certidumbre en las personas», señala Ana Abril.

Revisar las condiciones de acceso regular al territorio y así como a una autorización de residencia que contemple otros requisitos no vinculados a contar con un contrato de trabajo. Cáritas acompaña a las personas en distintos momentos de su proceso migratorio: en origen, tránsito y destino. E identifica que los proyectos de migración de forma legal y segura se ven obstaculizados por la falta de vías de migración regular, especialmente aquellas no vinculadas al mercado laboral. «La falta de vías legales para migrar, en numerosas ocasiones tiene como consecuencia que muchas personas que podrían migrar a nuestro país tramitando el correspondiente visado, se ven abocadas a realizar peligrosos trayectos poniendo en riesgo su vida e integridad física», señala Diego Fernández-Maldonado.

A su vez, Cáritas reivindica que todas las administraciones eliminen los obstáculos para que todas las personas residentes en España tengan acceso a prestaciones sociales básicas, incluyendo las personas en situación administrativa irregular.

Aprobación de una Ley integral contra la Trata. La trata de personas en España ha experimentado un incremento del 28,6 % en 2024 al 45,9% en 2025, aunque los datos no reflejan el problema real, ya que no todas las personas que sufren esta grave violación de derechos denuncian ni son detectadas.

Desde la Red Española contra la trata de personas (RECTP), de la que Cáritas forma parte, se pide, entre otras cuestiones, que la nueva norma garantice un enfoque integral que abarque a todos los tipos de trata, sea cual sea la finalidad de la explotación, trata nacional o internacional, y con independencia de cuál sea el sexo, la edad, nacionalidad o situación administrativa de las víctimas y con dotación presupuestaria suficiente para su implementación.

«Es urgente y necesario un marco normativo integral amplio que asegure la protección de las víctimas, incluyendo el diseño de un nuevo Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y la mejora del actual sistema de acreditación administrativa de víctimas, entre otras cuestiones», explica Raquel Benito, referente de políticas de igualdad de género de Cáritas Española.

Garantizar el cumplimiento del compromiso del 0,7 % PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En un contexto global marcado por crisis múltiples −climática, de derechos humanos, alimentaria, humanitaria y de deuda− resulta imprescindible reforzar la AOD, asegurando su crecimiento progresivo hacia el 0,7%; responsabilidad reforzada por el Estado español en la IV Conferencia de Financiación en Sevilla de Naciones Unidas el pasado mes de julio de 2025.

«Es necesario garantizar que la cooperación española siga siendo una política pública de solidaridad internacional, orientada a derechos y justicia global. Solo así la cooperación podrá responder coherentemente a los compromisos asumidos por España y a las necesidades reales de las poblaciones más vulnerables», apunta Sonia Olea.