Obispos latinoamericanos recuerdan que, antes de abrir una mina, se debe consultar al territorio

Cuando se baraja una actividad extractiva en un territorio, «es necesario que los actores estén todos presentes», ha reivindicado Manuel Ochogavía Barahona, obispo de la diócesis panameña de Colón-Kunayala y miembro de la Red Iglesias y Minería. Lo ha hecho en el IV encuentro Fratelli Tutti organizado por la Pontificia Comisión para América Latina y el Consejo Episcopal Latinoamericano. Estas reuniones, que se celebran desde 2022, reúnen a sindicatos, empresas, organismos internacionales, universidades y organizaciones eclesiales para pasar del discernimiento a las acciones concretas.

Según Ochogavía, «el poder acercarnos y poder hablar las cosas» constituye un primer paso para afrontar los conflictos sociales y ambientales de América Latina. Para el obispo, el diálogo solo puede ser verdaderamente inclusivo si se desarrolla «desde la equidad». Y, aunque es cierto que la minería puede generar oportunidades económicas, también provoca «graves consecuencias y sufrimiento». Por ello reclama estudios ambientales objetivos y advierte del riesgo de que intereses empresariales condicionen su resultado.

La opción preferencial por los pobres

La Iglesia, añade, tiene una misión específica: ser «voz de los sin voz». De ahí su llamada a recuperar la opción preferencial por los pobres y a no permanecer al margen de los conflictos que afectan a las poblaciones más vulnerables. También considera necesario respetar el derecho de las comunidades a disentir. Si una población no quiere un proyecto extractivo en su territorio, sostiene, su decisión debe ser respetada.

El obispo alerta de que la sustitución de las instituciones públicas por empresas puede poner en riesgo «la soberanía de los Estados» y debilitar su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y ambientales. La Iglesia puede contribuir al diálogo social, pero «sin sustituir las funciones propias del Estado».

Vigilar «la ética del dinero»

Ochogavía Barahona incorpora además una cuestión que considera poco presente en estos debates: «la ética del dinero». La pregunta, explica, debe ser de dónde procede el dinero y qué consecuencias tiene la actividad que lo genera. Esa exigencia alcanza también a la propia Iglesia, que, reconoce, ha recibido recursos susceptibles de plantear interrogantes éticos. Por ello reclama «transparencia» y un examen de conciencia que preserve su credibilidad.

El obispo confía asimismo en que León XIV pueda animar este diálogo, gracias a su conocimiento de América Latina. En cualquier caso, insiste en que no existe una solución única para todo el continente: cada conflicto debe abordarse desde las particularidades de cada territorio. El objetivo final, concluye, es que quienes sufren las consecuencias de las decisiones «también puedan participar en ellas».