El Supremo obliga a Interior a facilitar los datos sobre los CIE que pedía el SJM

El Tribunal Supremo ha reforzado el derecho a la transparencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) al estimar el recurso presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y anular la decisión de la Dirección General de la Policía que impedía acceder a los datos sobre la nacionalidad de las personas internadas. La sentencia concluye que la Administración no puede limitar el acceso a la información pública alegando de forma genérica un posible perjuicio para las relaciones exteriores de España.

El fallo pone fin a más de tres años de litigio y obliga al Ministerio del Interior a facilitar esa información, al tiempo que establece que, para restringir el acceso a datos públicos, será necesario acreditar «un perjuicio concreto y real, no meramente hipotético», teniendo además en cuenta «el interés social de conocer la información solicitada».

15 años denunciando la falta de transparencia

El Servicio Jesuita a Migrantes lleva años denunciando la falta de transparencia en el funcionamiento de los CIE. Según la entidad, el acceso a los datos de nacionalidad permitirá analizar con mayor rigor cuestiones como la relación entre la nacionalidad y la privación de libertad, la ejecución efectiva de las expulsiones o el impacto de las políticas de control fronterizo.

La resolución también reconoce la trayectoria del SJM, destaca sus cerca de 15 años de trabajo de documentación, acompañamiento e investigación sobre estos centros y el valor de sus informes como fuente de información para profesionales y medios de comunicación. De este modo, avala «el interés legítimo de la sociedad civil en el acceso a información veraz y transparente sobre la privación de libertad de las personas extranjeras».

La sentencia llega además en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias europeas, en el que, según el SJM, la privación de libertad de personas migrantes «deja de ser un último recurso, excepcional y sujeto a la proporcionalidad de este tipo de medidas, para convertirse en una herramienta central para la gestión migratoria».

Gracias al SJM «podemos alzar la voz»

El fallo coincide con las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, que reclama mayor transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en las políticas migratorias, especialmente en los contextos de detención.

Para el coordinador del Programa CIE del SJM, Iván Lendrino Tejerina, «es gracias al trabajo sostenido de personas voluntarias de los equipos de visita a CIE que podemos alzar la voz sobre las vulneraciones de derechos en estos centros y conocer el perfil de las personas internadas; con esta sentencia podremos acceder además a información útil para el acompañamiento y la incidencia».

Por su parte, el abogado del SJM, Javier Ignacio Moreno Gómez, subraya que «el derecho a la información pública no solo es un pilar fundamental del principio de transparencia y del derecho a una buena administración». Además, «la opacidad institucional no es neutral: alimenta la estigmatización, valida estereotipos nocivos y perpetúa el sesgo racista en el diseño de las políticas públicas que impactan directamente en las vidas de las personas migrantes».