Un proyecto común en espera
El panorama político español ha cambiado a marchas forzadas en los últimos años. La tradicional alternancia entre PSOE y PP, bien con mayorías absolutas que ahora parecen inalcanzables, bien con apoyos puntuales de los nacionalistas, ha dado paso a un escenario de cinco partidos con implantación nacional y a cierta parálisis institucional, como se ha confirmado en este 2019, en el que se ha hablado más de Franco que de los problemas urgentes de los españoles. Instalados en una dialéctica de buenos y malos, con una apelación constante a las emociones de los votantes, los líderes políticos a veces parecen olvidar que un país es un gran proyecto común y que, para avanzar, hace falta llegar a acuerdos.
España ha vivido su mayor periodo de paz y estabilidad en las últimas décadas porque en la Transición, tal y como recordó el cardenal Blázquez en la última Asamblea Plenaria, hubo «grandes dosis de generosidad y confianza mutua» para llegar a «un consenso donde pudiéramos convivir todos en libertad y respeto». «La concordia dentro de las legítimas diversidades es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución», aseveró el presidente del episcopado.
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El pasado 10 de noviembre, España afrontó las segundas elecciones generales del año y las cuartas en cuatro años, que se suman a las citas locales, autonómicas y europeas también a lo largo de 2019. En un escenario multipartidista y polarizado, al cierre de esta edición todo apunta a que el socialista Pedro Sánchez será investido presidente del Gobierno gracias a los apoyos parlamentarios de Unidas Podemos y los nacionalistas. Se abrirá así una legislatura turbulenta, en la que se debatirán leyes de marcado carácter ideológico como la de la eutanasia.
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El Tribunal Supremo impuso en octubre penas de entre nueve y 13 años de cárcel a los líderes independentistas condenados por sedición en el juicio del procés. En los días siguientes, las calles catalanas fueron tomadas por los radicales, que prendieron fuego al mobiliario urbano y se enfrentaron a la Policía. Estas imágenes, que dieron la vuelta al mundo, escenifican la ruptura de la convivencia en Cataluña. La solución pasa por el diálogo dentro de la ley, que, como recordaron los obispos catalanes, es «un referente básico del ordenamiento social».
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El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, algunos templos amanecieron con pintadas ofensivas a la fe católica en sus fachadas y en distintos puntos de España se oyeron insultos a la Iglesia. El Arzobispado de Madrid manifestó «su dolor y su enérgica repulsa por este tipo de actos que quiebran la convivencia en sociedad» y, en un día en el que «se debería denunciar la discriminación y la violencia», recordó que «la verdadera igualdad nace del respeto a toda persona y sus creencias». Solo así se darán avances reales.
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La ministra de Educación, Isabel Celaá, aseguró en noviembre, en el XV Congreso de Escuelas Católicas, que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir centro podría ser parte de la libertad de enseñanza». Aunque luego se desdijo a medias, afirmando que el Gobierno no quiere cambiar «para nada» los conciertos, es peligroso discutir que «a los padres corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos de acuerdo con su propia convicción religiosa», como recordó el presidente de la CEE.
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La Audiencia de Sevilla condenó en noviembre a 19 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán (15 años de inhabilitación y seis de prisión) y Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación), por impulsar un «sistema fraudulento» de subvenciones por 680 millones de euros. Poco después, la Audiencia de Álava condenó a dirigentes del PNV por tráfico de influencias, cohecho pasivo, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo y asociación ilícita… Es la corrupción que no cesa.
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En varias ocasiones a lo largo del año, la Mesa por la Hospitalidad de Madrid ha denunciado que el Gobierno español, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital no sumen esfuerzos para resolver la situación de las personas desplazadas –entre ellas niños incluso–, que llegan a verse obligadas a dormir en la calle, a las puertas de un Samur Social, ante la insuficiencia de los recursos. Solo la solidaridad de la Iglesia y el compromiso de los vecinos ha logrado «evitar que se pateen su dignidad y derechos», como recordó la mesa.
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«¡No nos escondamos detrás del muro de la indiferencia!». Este es el grito que elevaron representantes de todas las religiones el 17 de septiembre en Madrid, en la clausura del Encuentro Internacional Paz sin Fronteras organizado por la Comunidad de Sant’Egidio y la diócesis. Frente a «la tentación» de pensar que problemas como las guerras, la seguridad, el calentamiento global, las migraciones o las epidemias se pueden solucionar «estando solos», reivindicaron la fuerza del «diálogo» y la «cooperación».
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Pocas semanas antes de terminar el año, el filipino Bernardito Auza sustituyó a Renzo Fratini como nuncio en España. Con amplia experiencia diplomática en países como Haití, Madagascar, Bulgaria o Albania, en los últimos años ejerció como observador permanente de la Santa Sede ante la ONU y ante la OEA. Considerado por sus colaboradores como «un gran diplomático, un profesional del más alto nivel» y ante todo «un cura cercano», garantizará las buenas relaciones de España con la Santa Sede en tiempos que se prevén movidos.
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El Museo del Prado ha celebrado este año su bicentenario, con muestras excepcionales como la dedicada a Velázquez, Rembrandt y Vermeer, la de los dibujos de Goya o la de Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia, que se suman a su fantástica colección permanente. Fruto de ese esfuerzo, según informó su director, Miguel Falomir, a dos semanas de cerrar 2019 la pinacoteca ya había registrado un total de 3,3 millones de visitantes, una cifra récord que supone un 10,1 % más de visitantes que en 2018.