Piden al Gobierno regular la actuación de empresas españolas en otros países
La Plataforma por las Empresas Responsables pedirá este viernes en Moncloa una ley que frene los abusos de las empresas sobre los derechos humanos y el medioambiente, tanto en España como en el tercer mundo
La Plataforma por las Empresas Responsables (PER), que representa a más de 530 entidades y está integrada por 16 organizaciones españolas de la sociedad civil, se concentrará este viernes frente al palacio de la Moncloa para registrar una carta en la que exige la aprobación de manera inmediata de la ley de debida diligencia.
La PER —que comprende en total tres millones de socios y engloba también varias entidades de Iglesia como Oxfam Intermón, Manos Unidas, Enlázate por la Justicia o Entreculturas— reclama así una normativa a nivel nacional que frene los abusos de las empresas sobre los derechos humanos y el medioambiente.
«En la actualidad hay empresas que están cometiendo violaciones en materia de derechos humanos a través de filiales o de subcontratas fuera de España», denuncia Amaya Acero, coordinadora de la PER.
Acero muestra como ejemplo el caso de compañías que «construyen infraestructuras en pueblos indígenas, acaparando tierras o desviando el curso de ríos para generar electricidad, una energía que luego ni siquiera revierte en beneficio de los pueblos locales».
Circunstancias como esta se dan «en terceros países donde la legislación es más laxa o donde no hay controles suficientes para monitorizar la actuación de estas empresas. Así es difícil que se cumpla la ley, y los estándares que cuidan de la cadena de valor en los procesos productivos se rebajan, todo por un coste menor de la producción».
Ya en nuestro país, esta falta de rigor «se da sobre todo en el sector de la agricultura extensiva», afirma la coordinadora de la PER, y pone como ejemplo la campaña de la fresa. «En muchas ocasiones no se respetan ni los horarios ni los derechos laborales de las personas que trabajan en este ámbito», dice.
Por todo ello, la ley de diligencia nacional que reclama la Plataforma por las Empresas Responsables buscar «prevenir que se puedan dar estas situaciones, mitigar las que ya se estén dando y reparar a las víctimas para que puedan recibir justicia», concluye Acero.