El Gobierno aprueba el proyecto de ley de protección de la infancia, que amplía la prescripción de los delitos más graves

El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para que España cuente con una ley de protección a la infancia y la adolescencia, con la que se pone al día en la defensa de los Derechos del Niño. Una ley ampliamente demandada por la sociedad civil, fundamentalmente por el Tercer Sector, que, según ha afirmado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, pretende «acabar con la impunidad en la violencia ejercida contra los niños».

De hecho, una de las medidas busca contrarrestar la invisibilidad del maltrato que sufren los menores implicando a toda la sociedad. Así, «toda persona que advierta cualquier violencia ejercida sobre menores de edad, estará obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente», sea o no constitutiva de delito. También en el caso de que el infractor sea el cónyuge o un familiar cercano. Además, esta obligación se verá reforzada en el caso de los profesionales que tienen contacto directo con este colectivo.

Otra de las propuestas del proyecto tiene que ver con la creación de un coordinador de bienestar y protección en los colegios y centros de ocio, que tendrá que controlar que los protocolos funcionan frente a posibles casos de acoso escolar, acoso sexual, discriminación, violencia de género o ciberacoso.

Se combatirán, además, aquellos delitos cometidos a través de internet, a los que se añade la incitación al suicidio o la promoción de trastornos como la anorexia o la bulimia. En este sentido, propone la retirada rápida de la red de aquellos contenidos que afecten y sean lesivos para el menor.

La formación especializada también es un pilar fundamental en el proyecto de ley, de modo que esté garantizada para aquellos profesionales que tengan contacto directo con los niños y adolescentes, así como para las unidades especiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para jueces y fiscales.

A nivel penal, la propuesta del Gobierno regula los delitos de odio, a los que incorpora la edad como causa de discriminación, tanto de menores como de mayores. Y hace lo propio con la aporofobia y la exclusión social.

En este campo, amplía el tiempo de prescripción de los delitos más graves contra personas menores de edad, como el caso del abuso sexual, y modifica el día de comienzo del plazo. Por tanto, si esta ley se aprueba, comenzará a contar desde el momento en el que la víctima cumpla 30 años.

«El maltrato infantil es una causa de sufrimiento que tiene consecuencias a largo plazo e implica muchos problemas que condicionan la vida de quienes lo sufren», ha afirmado Pablo Iglesias en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde aseguró que va a trabajar para que la ley pueda ser mejorada en su trámite parlamentario y genere «un amplio consenso». «Las ideologías no tienen que separarnos para proteger a los niños de la violencia», ha añadido.