La pobreza se enquista

Con el título Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas 2013, este informe es el segundo de una serie de publicaciones que la Fundación Foessa inició el año pasado con el objetivo de analizar –de forma continuada– los grandes problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad, sujeta a un proceso acelerado de cambios. Ya alerta don Rafael del Río, Presidente de Cáritas Española y de Foessa, en la introducción del informe, que estos cambios no hacen sino debilitar la estructura social: «La función protectora del Estado del Bienestar se está debilitando, y, con ella, se está fijando una progresiva diferenciación ciudadana en el acceso a los derechos básicos».

Uno de los primeros puntos sobre los que llama la atención el informe es que «la pobreza se ha enquistado en nuestra estructura social», y toma como referencia el comportamiento de la renta per cápita, que ha caído desde 2007 un 4 %, mientras que los precios se han incrementado en un 10 %. «Esto ha dado origen a un deterioro, sin parangón, de las rentas de los españoles en las últimas décadas», afirma el texto. Además de por la destrucción del empleo, la renta ha disminuido por la reducción de las cuantías de prestación contributiva de desempleo, el aumento de exigencias para percibir el subsidio y el aumento de impuestos.

En cualquier caso, el rasgo que más preocupa de esta evolución de la renta es el incremento, sin precedentes, de la desigualdad en su distribución –tenemos los niveles más altos de desigualdad de la Unión Europea–: desde 2006, recoge el informe, «los ingresos de la población con rentas más bajas han caído cerca de un 5 % al año». Pero, a la vez, el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población. «Existe un riesgo notable de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en la estructura social», denuncian.

El empleo, un privilegio

Durante el año 2012, el mercado de trabajo registró «los que probablemente pueden caracterizarse como los peores resultados de la etapa democrática», según el informe. Con una tasa de paro superior al 26 %, España supera en diez puntos a Portugal e Irlanda, y tiene una tasa dos veces y media más alta que el promedio de la UE-27. Cabe destacar que el dato del 55 % de paro para los menores de 25 años no tiene comparación en ningún país vecino. Además, los parados de larga duración aumentan: son más del 55 %, y el 21,4 % de las personas sin empleo son el cabeza de familia. Eso sin contar con el 10,6 % de hogares en los que todos los activos están sin trabajo. En términos absolutos, se ha pasado de 380.000 hogares en esta situación antes de la crisis, a más de 1.800.000 a finales de 2012.

El informe también alerta que el proceso de empobrecimiento eclipsa a los más pobres, una afirmación que se constata, por ejemplo, en la evolución del porcentaje de hogares sin ingresos, que pasa de algo más de 300.000 a mediados de 2007, a más de 630.000 en 2012.

Un sistema que no cubre

Pero el punto de inflexión de la fragmentación social en España, para la Fundación Foessa, «son los recortes en algunos bienes básicos, la reducción de las cuantías de algunas prestaciones y la exclusión del acceso de grupos de ciudadanos a servicios elementales». Esta diferenciación ciudadana en el acceso a derechos básicos «marcará nuestra estructura social en los próximos años», alertan.

Como datos a destacar, el informe ofrece la caída en la tasa de cobertura: del 80 % de desempleados cubiertos por el sistema, se pasó, en 2012, a que una de cada tres personas sin empleo no reciba prestaciones. Aun así, el número de beneficiarios de las rentas mínimas en las Comunidades Autónomas se ha duplicado desde 2007, y ahora hay una media de 220.000, lo que ha contribuido a que los Servicios Sociales se saturen y puedan llegar a los seis meses los plazos de resolución de peticiones fijados por algunas CC.AA., como Baleares, Canarias y Extremadura.

No deja fuera los grandes temas como la vivienda, con cifras conocidas como las casi 78.000 ejecuciones hipotecarias y el incremento del 50 % de hogares con retrasos en el pago de la vivienda; o la educación, con una pronunciada caída del gasto público en los últimos años –dos mil millones de euros más bajo en 2102 que en 2009–. Todo esto, sumado a la reducción de los niveles de gasto en el presupuesto de 2013, «lleva a contemplar con preocupación el futuro del sistema», concluye el informe.