Ya va siendo hora de cambiar

Muchos votaron al PP, el pasado noviembre, con la esperanza de que enmendara, entre otras cosas, la política anti-vida del Ejecutivo de Zapatero. Durante los primeros meses de la legislatura, el nuevo Gobierno se esforzó en tranquilizarlos. A finales de enero, el ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, anunció por primera vez la reforma de la ley del aborto, y desde entonces, ha hablado varias veces de ella. Llegó a afirmar que existe una «violencia de género estructural contra las mujeres» embarazadas, y que «lo más progresista que he hecho en mi vida política es defender el derecho a la vida». También la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Mato, prometió ayudas a las embarazadas «para que puedan optar por otras decisiones».

El ministro Gallardón «ha sido valiente, y hay que reconocérselo», admite don Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia. «Pero, desde entonces, se ha producido un silencio. Nos empieza a preocupar que se retrase tanto la ley». Han pasado cinco meses desde su toma de posesión, y don Mariano Rajoy no ha dudado en poner en marcha, a veces simultáneamente, medidas muy polémicas, así que, como explica Blanco, «no veo ninguna razón» para que la reforma del aborto se retrase hasta otoño, porque, «cada día de retraso, hay en juego vidas humanas». Extrapolando los datos de 2010 —los últimos disponibles—, que hablaban de casi 310 abortos al día, desde que el Gobierno del PP tomó posesión, se han producido 47.400 abortos, y 36.900 desde que el señor Gallardón anunció la reforma. «Nuestra primera petición —continúa don Benigno— es que se adelante cuanto antes» la nueva ley.

Siguiente cuestión: el contenido. Hasta ahora, el Gobierno «ha puesto el acento, aunque sin concretar, en dos puntos en los que hay que ponerlo: una legislación de apoyo efectivo a la maternidad; y una protección de la vida como exige la Constitución. Eso sí, si se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, no es todo lo que yo querría», matiza don Benigno. Esa sentencia afirmaba que el no nacido debe ser protegido, pero no es titular del derecho a la vida. Aun así —sostiene—, «si la ley se ajusta a la Sentencia del 85», y se cumple, «no sólo será mejor que la ley de 2010, sino que todo el fraude a la ley anterior».

No con mis impuestos

Incluso sin una nueva ley —insiste el señor Blanco—, se pueden cambiar cosas. Por ejemplo, «es importante derogar que las Comunidades Autónomas deban financiar el aborto. Lo podían haber hecho ya con una enmienda a los Presupuestos. Esta previsión repugna a la conciencia de muchos ciudadanos, que se ven obligados a financiar con sus impuestos una práctica totalmente inaceptable para ellos. Además -aunque es secundario-, se ahorraría mucho dinero».

La actuación de las Autonomías es la prueba del nueve. En estos meses, mientras los dirigentes del PP hacían declaraciones, en Aragón han tenido que actuar. Los dos centros abortistas concertados con el Servicio Aragonés de Salud rompieron el acuerdo porque éste les debía 800.000 euros. En pocos días, se acreditó otro abortorio, tras barajar alternativas como derivar a las mujeres a otros lugares, o contratar médicos de fuera. En todo momento, se habló de mantener el servicio con normalidad, y los dos abortorios acreedores están en el grupo de pago preferente. Estos titubeos contrastan con la claridad del PSOE, que ya ha hablado de derogar la reforma del aborto «a las 24 horas» de volver al poder.