Una ley (mejorable) para despertar del letargo educativo

La Ley Orgánica de Educación que aprobó, en 2006, el Gobierno de Zapatero, se asentaba sobre los principios pedagógicos e ideológicos de la LOGSE, que entró en vigor en 1990, cuando el socialista Javier Solana ocupaba el Ministerio de Educación, y Alfredo Pérez Rubalcaba, su Secretaría de Estado. Esos postulados ideológicos y pedagógicos, que expertos como la sueca Inger Enkvist han definido como el constructivismo y la enseñanza comprensiva, habían nacido en mayo del 68 y tomaron cuerpo de ley, por primera vez, en la Inglaterra laborista. Sin embargo, en 1997, siete años después de que España adoptase por completo aquellas premisas, el líder de los laboristas británicos, Tony Blair, reconocía que la educación comprensiva y constructivista había resultado un fracaso para la escuela, cosechaba pésimos resultados académicos, y dejaba a miles de jóvenes desnortados y sin formación. En España, igual que en otros países europeos que habían hecho suyas aquellas ideas pedagógicas, como Portugal o Suecia, nadie se dio por aludido, aunque, poco a poco, las naciones europeas cuyo sistema escolar era similar a la LOGSE fueron abandonando tan catastróficas pautas educativas. Todas…, salvo España, que ha sido el último país de Europa en cambiar los principios de su sistema escolar, hasta que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), que busca variar el rumbo de la educación española.

Un mal punto de partida

Pero, ¿en qué consisten los cambios de la LOMCE? El primero, y uno de los que más ha desagradado al entorno educativo, incluso afín al Gobierno, es de fondo, y consiste en vincular la educación, no con el crecimiento personal del alumno, sino con la economía. Para confirmarlo, basta ver el arranque del Anteproyecto: «La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de la prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta global por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global».

Personalidades educativas cercanas al Ministerio explican que, «si el Gobierno aprueba este punto de partida para la ley, le dará balas al enemigo, porque la izquierda les acusará, y no sin razón, de preocuparse más por la economía que por la persona. Con ese argumento, al PSOE le será fácil poner a la gente en contra de la reforma, ocultarán lo perverso de su pedagogía y no tendrá reparos en derogar la ley cuando vuelvan al Gobierno. El Anteproyecto tiene cosas buenas para combatir el fracaso escolar y despertarnos del letargo en que llevamos 20 años, pero su fallo más grave es que parte de una visión liberal, economicista, cuando lo primero en educación no es el dinero que generen los alumnos al incorporarse al mercado, sino la formación humana que aporta a los ciudadanos».

Siete cambios de calado

Además de esta cuestión de fondo, el Anteproyecto aborda, entre otros cambios, siete novedades de calado. La primera, «la simplificación del currículo y el refuerzo de los conocimientos instrumentales», que reducirá el número de asignaturas, aumentará la carga lectiva de Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés, y apostará por una educación plurilingüe. Además, abandona la asignatura Conocimiento del Medio que impuso la LOGSE, y recupera las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. La segunda novedad es «la flexibilización de las trayectorias», que reducirá la ESO a tres cursos, y deja el cuarto como un curso puente para optar entre el Bachillerato o una Formación Profesional más exigente, con nuevos títulos y que incluye el estudio de asignaturas como Lengua, Matemáticas o Inglés. El tercer cambio es exigir «la transparencia de resultados», a través de evaluaciones externas en tramos claves del sistema escolar: 3º y 6º de Primaria, y 2º y 4º de la ESO. El cuarto, «la promoción de una mayor autonomía y especialización de los centros», que permitirá a los colegios e institutos tener un proyecto pedagógico propio y gestionar sus recursos de forma autónoma. El quinto es la promoción de «la rendición de cuentas y el incentivo del esfuerzo», que llevará a que los alumnos tengan más exámenes y no puedan aprobar la ESO ni el Bachillerato sin pasar por una reválida, ni sin tener una nota media mínima de cinco; y el sexto afecta a la función docente: se regulará una mayor profesionalización de los directores, y se requerirá una mayor exigencia a la formación y actividad de los profesores, a los que, incluso, se les podrá cambiar de destino y función de forma forzosa. Por último, está lo relativo a la enseñanza diferenciada por sexos, que se reconoce como «no discriminatoria», y a Educación para la ciudadanía, que se suprime para incluir la asignatura de Educación cívica y constitucional en 2º de la ESO.

¿Y los padres?; ¿y la concertada?

Aun en el caso de que estas reformas redujesen el fracaso escolar un 40% en tres años, tal como prevé el Gobierno, el Anteproyecto tiene grandes lagunas, como señalan las asociaciones familiares, los sindicatos profesionales y las patronales de centros. Así, tanto FERE-CECA, patronal mayoritaria de los centros de iniciativa social, como Concapa, asociación que aglutina a más familias de la escuela concertada, coinciden en que la reforma supone un «esfuerzo por la mejora de la calidad educativa», aunque no avanza en «la libertad de enseñanza», al no mejorar en la libertad de elección de centro, y no modificar el módulo de conciertos, por lo que «la aportación pública no cubre el coste del puesto escolar». También doña Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, lamenta que la reforma no incluya garantías para «la libertad de educación, el papel de los padres y su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos, empezando por cuestiones como la libertad de elección de centro o la educación en la lengua materna. Además, la ley debería introducir una normativa clara para que los padres tengamos garantía de que nuestros hijos van a recibir, exclusivamente, la formación ideológica y moral que esté de acuerdo con nuestras convicciones».

Desde el sindicato de enseñanza FSIE se lamenta que «tampoco hay ninguna mejora de la situación de la enseñanza concertada, cuyo grave deterioro se pretender prolongar», así como que «no se introduce ninguna medida de apoyo y reconocimiento al profesorado», dejando especialmente desprotegidos a los maestros de la concertada, que no son funcionarios.

Fuentes del Gobierno han confirmado a Alfa y Omega que la entrada en vigor de la reforma «corre prisa, como máximo en seis meses, para que el curso que viene entre en vigor y se vea que genera buenos resultados académicos, de forma que quienes se mueven por la ideología y no por la educación, no puedan seguir negando la evidencia». Por eso, el Ejecutivo mantendrá una ronda de contactos con los agentes educativos, que se prolongará hasta Navidad. Cabe esperar que el Ministerio sea capaz de enmendar sus errores, para que ésta sea «una reforma que huya de los debates ideológicos, (…) sensata, práctica y que permita desarrollar al máximo el potencial de cada alumno», como afirma el Anteproyecto.