La gran mayoríade la población de origen inmigrante (POI) ha permanecido y, sobre todo, ha apostado firmemente por continuar y sacar adelante sus proyectos de arraigo en la sociedad española, a pesar de las piedras laborales y sociales que llovían sobre sus cabezas. Los inmigrantes, en la actualidad, están profundamente asentados en el país, algo que se refleja en diversos indicadores mostrados en el estudio Un arraigo sobre el alambre, presentado esta semana en Madrid y fruto de la colaboración entre el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas y Cáritas Española. Entre estos indicadores podemos destacar el prolongado tiempo de estancia; intenso proceso de nacionalización, que afecta a uno de cada tres inmigrantes; fuerte asentamiento familiar; elevado dominio del idioma, o creciente presencia de población nativa en sus redes sociales y familiares.

Una generalizada apuesta por el arraigo ha consolidado el nacimiento de un país diferente, donde la diversidad étnica no es un elemento externo, sino algo consustancial que conforma lo que somos y vamos a ser en los próximos años. De hecho, el 27 % de los niños nacidos en España provienen de padres de origen extranjero (INE 2019).

Un arraigo, no obstante, que ha venido acompañado de una intensa segregación social y ocupacional. La gran mayoría de los inmigrantes, a pesar de tener niveles educativos similares a los nativos, se encuentran concentrados y sobrerrepresentados en la parte baja de la estructura social española. Una población que, de forma abrumadora, trabaja en ocupaciones obreras elementales y tiene un estatuto laboral precarizado, caracterizado por el desempleo y la temporalidad. El resultado es un salario mensual medio bajo, 926 euros, y claramente inferior al nativo, y su intensa concentración en el segmento de ingresos más bajo de la población.

La POI se ha integrado dentro de las clases populares nativas, conformando la última frontera del precariado en nuestro país. Unos sectores populares con los que comparte, cada vez más, barrios, escuelas, servicios sociales, etc., y, en última instancia, un similar destino estructural marcado por la creciente precariedad, el progresivo deterioro de los servicios sociales básicos y la creciente debilidad del factor educativo como ascensor social.

Al mismo tiempo, la POI, más que un elemento externo, se ha convertido en un fenómeno estructural que está indisolublemente unido al desarrollo de nuestra sociedad.

Son muchos los datos que muestran está íntima asociación: la evolución simétrica de los flujos migratorios y de la ocupación inmigrante con los ciclos de la economía española; la conversión del trabajo barato y flexible de la inmigración en el núcleo asalariado central de nuestro modelo de crecimiento intensivo; su creciente peso en la natalidad, y, por último, el hecho de que la inmigración, debido a su juventud y al menor uso del sistema, se ha convertido en un pilar indispensable para la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar social.

Estamos pues ante un intenso arraigo, segregado y en precario, y una profunda asociación estructural que, necesariamente, cambia los términos de la discusión pública, ya que hablar de inmigración, hoy en día es, sobre todo, hablar de nosotros mismos, del desarrollo de nuestra propia sociedad.

Las políticas migratorias, de esta forma, ya no pueden ser más solo unas políticas humanitarias, o solo unas políticas sectoriales destinadas un colectivo social específico, sino que necesitan convertirse en políticas de Estado o universales con tres ejes centrales.

En primer lugar, un nuevo relato sobre la POI; un relato que abandone ciertos lugares comunes donde se representa a los inmigrantes como el otro, extraño y amenazante, y se atreva a visibilizar la profunda diversidad étnica y racial del país, convertida ya en un dato irreversible de su vida cotidiana.

En segundo lugar, un impulso de la cohesión social con el fin de revertir ese precariado que se ha instalado como horizonte vital de los amplísimos sectores populares españoles, formados tanto por población nativa como por población de origen inmigrante. Políticas de cohesión, pues, destinadas al conjunto de la población, incluyendo, por supuesto, a los inmigrantes.

Y, finalmente, políticas destinadas a la gestión de la creciente diversidad étnica y social de nuestra sociedad; políticas necesarias para construir el país diverso que ya somos y que vamos a ser en los próximos años.

Juan Iglesias es profesor. Instituto de Estudios sobre Migraciones de laUniversidad Pontificia Comillas