En torno al 95 % de los niños con síndrome de Down detectados no llegan a nacer en España. El dato es similar cuando se presentan otro tipo de enfermedades o anomalías en el embarazo. La tendencia a recurrir al aborto ha sido igualmente creciente cuando las mujeres embarazadas afrontan dificultades de tipo económico o social. El aborto es la única salida que a menudo les ofrece una sociedad insensible a sus problemas. Su soledad se agrava por culpa de una ley que «no manifiesta interés real por el bien de las mujeres tentadas de abortar», sino que «se limita a tratar de despejarles el camino hacia el abismo moral y hacia el síndrome postaborto», según denunciaban en 2009 los obispos españoles.

El 5 de julio se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la ley Aído. No hay ley de aborto buena, pero ésta tiene el agravante de haber convertido en un derecho la aniquilación de seres humanos en el seno materno. La derogación de esta ley por todos los medios lícitos sigue siendo, por tanto, un objetivo irrenunciable para quienes aún creen en el derecho incondicional de todo ser humano a la vida.

Resulta escandaloso que ni un solo grupo parlamentario promueva hoy en España un cambio legislativo sustancial, más allá de retoques cosméticos como los que impulsa el Grupo Popular para paliar el descontento en un sector de su electorado por el flagrante incumplimiento de su programa de 2011. Incomprensible es también la inacción del Tribunal Constitucional en un asunto con tantas vidas humanas en juego. Pero esta situación no debería generar desmotivación ni desistimiento, sino por el contrario un mayor compromiso de la sociedad civil en defensa de la vida. Eso sí, con conciencia plena y cabal de cómo es el terreno que pisamos.

Conviene recordar la cruel paradoja de que la ley del aborto vigente desde hace cinco años en España fue impulsada como reacción a las investigaciones sobre la impunidad con la que algunas clínicas venían practicando abortos al margen del marco normativo, con ese supuesto del grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre –contemplado en la ley anterior–, convertido en un auténtico coladero. Una sociedad sana habría reaccionado con indignación ante escabrosas prácticas como las descritas entonces por la televisión pública danesa, pero lo que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero –y ha refrendado en esta legislatura con su pasividad el Gobierno actual– fue legalizar esa carnicería.

Ésta ha sido la constatación de que se ha producido una metamorfosis moral en la sociedad española. Y esta metamorfosis implica que denunciar el mal hoy ya no basta, porque un importante segmento de la población simplemente ha dejado de percibir la gravedad del aborto. Toca reconstruir desde los cimientos, con el testimonio y con la máxima disponibilidad para ayudar a la mujer embarazada con problemas. El muro de la ideología no se derrumba con otras ideologías ni con teorías abstractas, sino con la aplastante fuerza de persuasión de la realidad, que muestra que lo verdaderamente humano es decir sí a la vida –al margen de las dificultades que rodeen al nacimiento– y cuidar del débil.

Esa misión de custodiar a los más vulnerables le corresponde, en primer lugar, a la familia, lugar natural donde el ser humano es acogido al nacer. Pero también aquí tienen subsidiariamente su responsabilidad la sociedad y los poderes públicos. Hay muchas formas de ejercer la indiferencia hacia una mujer embarazada tentada de abortar. Una es pasar de largo. Otra, más sutil pero auténticamente diabólica, es presentarle la opción de eliminar a su hijo como un sacrosanto derecho. Y si no quiere ejercerlo, allá ella. Entonces será exclusivamente su problema.