Se aprueba la Ley de Cooperación con el objetivo del 0,7 % para acciones humanitarias

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva Ley de Cooperación. Un centenar de representantes de distintas ONG han celebrado la noticia a las puertas de la Cámara Baja. Se sumó a ellos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que subrayó que es una «política útil para millones de personas en el mundo y es útil para España porque nos sitúa ahí donde nos quieren ver los españoles».

Según ha afirmado el ministro y recoge EFE, se trata de una ley «necesaria que responde a la demanda de la solidaridad de los españoles y nos va a permitir hacer frente todavía con más fuerza a crisis como las de Afganistán, Ucrania, Turquía o Siria». Precisamente durante la breve celebración se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Turquía y Siria, en el que participaron la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, además de diputados y senadores de varios grupos.

La presidenta de la Coordinadora Estatal de ONGD de España, Irene Bello, resaltó que la nueva ley tiene «un amplísimo apoyo político, casi consenso», pues todos los partidos han votado a favor salvo Vox. Es «el pistoletazo de salida para la reforma de la cooperación».

No solo para las ONG

La nueva ley cuenta también con el apoyo de Cáritas Española, que es miembro de la coordinadora. Pedro Carceller, técnico de Incidencia Política de la entidad católica y su representante durante este proceso, explica que esta ley sustituye a la de 1998, que «era buena pero se estaba quedando desactualizada». «No hay que verla solo como una ley destinada a las ONG sino como la acción exterior de España en su conjunto», en la que también son actores el Estado, el mundo académico y las empresas.

Su principal logro es que establece que España destinará el 0,7 % del Producto Interior Bruto a acciones humanitarias; una reivindicación histórica de Cáritas y de todo el mundo de la cooperación. Eso sí, este porcentaje solamente se establece como objetivo para el año 2030. Hacerlo realidad «dependerá de la voluntad política de los próximos gobiernos», puesto que los presupuestos generales del Estado son una ley diferente.

De momento, «el compromiso del 0,5 % del Gobierno para este año se ha quedado en el 0,34 %», lamenta Carceller. Por ello, considera que la nueva norma debería «haber establecido una hoja de ruta» para llegar efectivamente a la meta del 0,7 %. Con todo, «ya consideramos un pequeño paso que lo contemple».

Mayor agilidad

Otra prioridad era «agilizar el sistema burocrático que existe», modernizando todas las estructuras relacionadas porque en la actualidad «no daban pie a una cooperación ágil y sencilla», abunda el técnico de Cáritas. En este sentido también «podría ser mejor, porque se mantiene toda la gobernanza antigua»; pero sí «ha clarificado y resituado todo un poco».

Así, se reforma todo el sistema de cooperación y se reconoce la figura del cooperante. Esto permitirá, según el ministro, «dignificar y profesionalizar» su figura y reconocer su labor. Además, incluye la reforma de la Agencia de Cooperación al desarrollo (AECID), del sistema de la cooperación financiera y el FONPRODE, y el Estatuto que regula la figura del cooperante. Todo ello se regulará durante los próximos meses con la aprobación del sexto plan director para el sector y cinco reglamentos. Durante este proceso, reivindica la importancia de que «la participación sea real, que nos escuchen y cuenten con nuestra opinión» sin imponer «plazos muy justos» para presentar aportaciones.

Por último, la ley «actualiza los principios de acción de la cooperación» en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, el cuidado y protección de la infancia y la adolescencia y la promoción de las mujeres. Esto significa adaptarla «a las necesidades de un mundo en crisis como en el que nos encontramos tras la pandemia, con nuevos retos como la emergencia climática, la generación de nuevos espacios democráticos en países donde peligra la democracia o donde no ha habido democracia real», explica Carceller. Cómo se lleven a cabo esas prioridades se abordará en el plan director.

Casi unanimidad

Por último, el técnico de Incidencia Política de Cáritas Española agradece la «generosidad por parte de casi todos los partidos políticos, que han visto la ley con sentido de Estado. Saben que hay ánimo de que esta ley perdure. Todo el mundo tenía que ceder, tanto al hacer aportaciones» —ha habido cientos de enmiendas— «como para incorporarlas». Este «juego político no deja satisfechos a todos, pero sí un consenso amplio». Ha faltado solo el apoyo de Vox, que durante la tramitación «ha argumentado que esta ley se alinea con la agenda globalista y no tiene en cuenta los intereses de España».

Valora asimismo que «todos los partidos han escuchado los intereses de las entidades del sector». En su trabajo a través de plataformas como la Coordinadora Estatal de ONGD, en Cáritas «siempre somos fieles a nuestro ADN» de «representación de la Iglesia». La entidad «tiene un nombre y una historia detrás que la avalan», y «la relación es buena». Luego, «a veces eso se recoge mejor y otras no tan bien» en el resultado final.