Preocupación en el mundo cristiano por el futuro del monasterio del monte Sinaí

La preocupación por una de las joyas del patrimonio cultural cristiano se ha extendido desde que el miércoles de la semana pasada una corte egipcia dictara sentencia sobre el controvertido estatus legal del célebre monasterio de Santa Catalina. Este cenobio, a los pies del monte Sinaí, fue fundado en el siglo VI por el emperador Justiniano.

Según han difundido los medios, la decisión judicial declara que el recinto es propiedad del Estado, aunque se reconoce el derecho de los monjes de habitarlo. Con todo, en redes sociales se ha llegado a publicar que se había ordenado el cierre del monasterio y la expulsión de la comunidad.

«Para los cristianos orientales, las informaciones eran casi tan traumáticas y perturbadoras como si un católico leyera que un tribunal civil hubiera afirmado la propiedad [estatal] de la Ciudad del Vaticano», compara Luke Coppen en un análisis en The Pillar.

El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, dijo estar «decepcionado y entristecido». Apuntó a que la decisión judicial había «reconocido la fraternidad monástica local» únicamente como beneficiaria del «derecho a usar la propiedad del monasterio», pero no titular del mismo. Apeló la Gobierno para «preservar la propiedad», que «incluso el islam ha respetado y salvaguardado durante siglos»

El Patriarcado grecortodoxo de Jerusalén, al que el monasterio está ligado históricamente, se mostró más prudente. Simplemente afirmó que «seguirá la situación de cerca y mirará con detalle» la sentencia. Si lo considera necesario, «condenará y tomará medidas ante cualquier usurpación o infracción del acceso a este lugar sagrado».

Desde 2015

El artículo de Coppen subraya la incertidumbre que existe realmente sobre el contenido y el alcance real de la sentencia. El periodista estadounidense explica que el origen de la disputa se remonta a los años 80 del siglo pasado, cuando el Gobierno egipcio pidió a los propietarios cuyos terrenos no se hubieran registrado aún que presentaran declaraciones de propiedad. La comunidad del monasterio registró 71 declaraciones sobre sus capillas, jardines y otras parcelas.

En 2015, las autoridades locales acudieron a los tribunales en un intento de declarar la propiedad estatal sobre las parcelas del monasterio. Desde entonces se han mantenido conversaciones a tres bandas entre la comunidad, las autoridades locales y el Gobierno griego. Atenas se implicó en el asunto porque la comunidad tiene fuertes vínculos con el Patriarcado grecoortodoxo de Jerusalén, aunque se la considera una iglesia autónoma.

Medios griegos han asegurado que se alcanzó un borrador de acuerdo que reconocía que el edificio, sus fincas y sus iglesias eran propiedad del monasterio. Sin embargo, citan al superior de la comunidad, el arzobispo Damianos, explicando que después las autoridades locales «alteraron el texto acordado y presentaron algo totalmente diferente».

Un texto complejo

El 28 de mayo, el Tribunal Egipcio de Apelación dictó la polémica sentencia, de 160 páginas, que se ha interpretado de forma generalizada como un reconocimiento de la propiedad estatal sobre el monasterio. Pero, al mismo tiempo, como un reconocimiento del derecho de los monjes a seguir viviendo y practicando su fe en él.

Con todo, un portavoz del Gobierno griego reconoció cinco días que todavía estaban analizándolo. «Incluye no solo títulos y opiniones explicativas sino también razonamientos legales extremadamente complejos en árabe».

El 30 de mayo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, llamó al presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi. Según un portavoz de este último la llamada «subrayó el inquebrantable compromiso de Egipto con la preservación del estatuto religioso único y sagrado» del recinto, «asegurando que este permanezca inalterado». También el ministro de Exteriores afirmó que «se harán esfuerzos para alcanzar un acuerdo de regularización».

Afirmaciones «infundadas»

Las autoridades de El Cairo se han esforzado por tranquilizar los ánimos. El día 29, el Servicio de Información del Estado describió las afirmaciones sobre la sentencia como «completamente infundadas». La decisión judicial «representa la primera instancia en la que el estatuto legal del monasterio se ha regulado con una afirmación clara de la preservación de su estatus sagrado».

Incluso aseguró que se afirmaba el derecho continuado de los monjes a beneficiarse de otros lugares cercanos aunque estén calificados como reservas naturales, aunque no hay registros de propiedad de las fincas más alejadas. «En consecuencia, esas tierras se consideran propiedad del Estado».

Según medios ortodoxos, al día siguiente de la sentencia los 20 monjes cerraron el monasterio a las visitas como protesta. Su objetivo era dedicarse a la oración intensa para lograr protección.