Para que no haga falta otra medida extraordinaria

Tras más de cinco años de intenso trabajo para impulsar la ILP para la regularización, un millón de personas extranjeras pasarán de la exclusión a un estatus de ciudadanía con derechos y obligaciones. Este logro representa una auténtica bomba de solidaridad y justicia.

Cuando desde el partido Por Un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global se puso en marcha esta iniciativa legislativa, en febrero de 2021, buscábamos, por un lado, combatir la explotación laboral y la angustia que provoca la irregularidad en las personas extranjeras. Y, por otro, evitar la evasión fiscal que debilita la seguridad social y el sistema de pensiones.

Hoy vemos que esta regularización ha supuesto también una auténtica victoria de la democracia. Por primera vez, más de 1.000 organizaciones sociales de todo el espectro ideológico se ponían de acuerdo. La Iglesia católica, con su Conferencia Episcopal, con sus congregaciones, Cáritas, parroquias y universidades. También organizaciones empresariales y sindicales, anarquistas, comunistas, feministas, de LGTBI, de migrantes, ONG… Toda la sociedad civil unida, sin excepción, pidiendo la regularización. 700.000 personas españolas firmaron esta iniciativa y forzaron el trámite legislativo. En abril de 2024, la iniciativa consiguió 310 votos a favor y solo 33 en contra en el pleno del Congreso. España conseguía así un acuerdo histórico en todas sus dimensiones: ciudadanía, sociedad civil y Congreso de los Diputados. Al margen de las tristes tensiones recientes que la aprobación de la medida ha provocado, hoy es un día para celebrar. 

Pero enseguida toca de nuevo mirar hacia adelante. La irregularidad era un desastre provocado por un desbordamiento de unos estrechos canales migratorios que impedían un flujo ordenado y legal de las personas que España necesita. En todo desastre hay siempre dos tareas que acometer: una correctiva, que consiste en reordenarlo, y otra preventiva, que consiste en ampliar los canales para que no se vuelva a producir. 

Con la regularización extraordinaria, gran parte de la reordenación del desastre ya se ha realizado. Queda ahora optimizar los trámites de renovación de permisos para las personas extranjeras, que sufren todos los años un absurdo infierno burocrático. 

En el ámbito preventivo, es preciso ampliar los canales y ordenar el flujo migratorio para que España pueda acoger e integrar de manera ordenada a todas las personas que nuestro país necesita y para que las personas extranjeras puedan migrar con un visado de trabajo desde origen, sin jugarse la vida y sin sufrimientos injustificables.

Si no ampliamos hoy los canales de migración formal, continuarán el sufrimiento y el sinsentido y, dentro de diez años, la bolsa de irregularidad acumulada será de nuevo insostenible hasta hacerse imprescindible una nueva regularización. En todo esto estamos ya trabajando. Porque, como hemos demostrado, desde la sociedad civil también podemos cambiar la ley.