Para la Iglesia en Colombia la regularización de venezolanos es un «valioso instrumento»

La Iglesia en Colombia ha celebrado el anuncio de que el Gobierno va a crear un Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos. En un comunicado hecho público este miércoles, la Conferencia Episcopal Colombiana describe la medida como «un valioso instrumento» para la acogida, protección, promoción e integración de estas personas.

Migrantes, refugiados, víctimas de trata y desplazados son el «emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades por su misma condición migratoria, con frecuencia son objeto de juicios negativos o de rechazo social», explica el texto del episcopado a través de su Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombia. Por ello, es necesario avanzar «hacia actitudes e iniciativas que promuevan la dignidad humana de todas las personas» sin importar su origen.

«Acto fraterno»

La implementación del Estatuto de Protección Temporal «será un acto fraterno que abre las puertas» para garantizar que los venezolanos que lleguen al país puedan disfrutar de sus derechos fundamentales y «acceder a oportunidades para una vida digna».

Como ya ha hecho históricamente, la Iglesia en Colombia, a través de sus diócesis, congregaciones religiosas, organismos y movimientos, se compromete a seguir «ofreciendo el acompañamiento y desplegando acciones caritativas a favor de la población migrante y refugiada, escuchando e incorporando a los más débiles en las dinámicas sociales, impulsando una política pública de migraciones con enfoque de derechos humanos, así como promoviendo soluciones duraderas y sostenibles para las personas con necesidad de protección internacional».

Los obispos también reconocen la contribución «significativa» de las comunidades de acogida «con su solidaridad y generosidad». Agradecen asimismo las aportaciones de la comunidad nacional e internacional y de las instituciones de cooperación.

Cadena humana por la paz en Buenaventura

Por otro lado, este miércoles todas las diócesis de la provincia eclesiástica de Cali celebran una jornada de paro y protesta pacífica por la creciente violencia en el puerto Buenaventura y el departamento del Valle del Cauca. La iniciativa, bautizada como Gran cadena humana, busca expresar la solidaridad moral de la Iglesia con las víctimas y reclamar a las autoridades civiles y militares que busque proteger la vida y la dignidad de las personas.

El conflicto en Buenaventura entre dos grupos criminales ha hecho que el número de víctimas de homicidio se triplique entre el mes de enero de 2020 y el mismo mes de este año. Si hace un año hubo siete homicidios en un mes, en 2021 fueron 22. También desaparecieron 14 personas, de las cuales solo se encontraron tres cadáveres. El defensor del pueblo emitió una alerta en la que advertía sobre el riesgo de que niños, adultos y personas mayores tuvieran que abandonar sus casas y desplazarse a otras zonas del país.

Según informa el Consejo Episcopal Latinoamericano, la organización Human Rights Watch anunció la presencia de una comisión que se encargará de documentar el desplazamiento urbano. Asismismo, la Policía informó sobre diversos operativos que ya dejan 76 detenciones, además de la incautación de casi 60 armas de fuego, incluido un lanzagranadas. La sociedad civil lleva días manifestándose para pedir una presencia integral de Estado en la región, pues es este vacío el que hace posible la violencia.