«Gesto histórico» de Colombia al regularizar diez años a un millón de venezolanos

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, calificó el lunes de «gesto histórico» la decisión de Colombia de crear un Estatuto de Protección Temporal para casi un millón de venezolanos que están en el país de forma irregular. Esta figura tendrá una vigencia de diez años y permitirá a todos los venezolanos acceder a los servicios públicos, incluida la vacuna frente al coronavirus.

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció la medida en una declaración conjunta con Grandi. «Es un gesto humanitario emblemático para la región, inclusive para el mundo entero», aseguró este. El responsable de ACNUR, según informa EFE, destacó que Colombia acoge en su territorio a más del 37 % de los 4,6 millones de venezolanos que han dejado su país por la crisis política, económica y social y se han establecido en otros países de América Latina y el Caribe.

Según datos de Migración Colombia, hasta el pasado 31 de diciembre había en el país 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales unos 966.000 están indocumentados. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculan que al finalizar este año la cifra de venezolanos que han dejado su país puede llegar a 6,2 millones desde los 5,4 actuales. Estas y otras entidades temen que al remitir la pandemia de COVID-19 las salidas, que nunca se han detenido, podrían acelerarse.

Registro único para beneficios sociales

El Estatuto Temporal de Protección es una figura legal que permite residir en un país legalmente durante un período determinado de tiempo a personas que no pueden volver al suyo de origen a causa de conflictos o desastres naturales. En Estados Unidos, por ejemplo, ampara a los inmigrantes de Honduras, Nepal, Siria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, después de que la Administración Trump excluyera de ella a los haitianos, salvadoreños, sudaneses y nicaragüenses.

Según el Gobierno colombiano, el Estatuto Temporal de Protección permitirá que los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia permanezcan de manera regular por un periodo de diez años. Junto a los cerca de 800.000 indocumentados, también podrán acogerse a esta medida quienes ya estén en el país de forma regular pero por un período menor. Al finalizar la vigencia del estatuto, deberán obtener un visado de residente.

Se trata de «una decisión muy importante», que concederá a todos los migrantes venezolanos «atención sanitaria», afirma a Alfa y Omega Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense y hasta hace poco obispo de Cúcuta, uno de los principales puntos de entrada de los venezolanos. Dentro de esta atención sanitaria se incluirá la vacuna contra la COVID-19, que está previsto que empiece a administrarse en el país el 20 de febrero. Les permitirá también acceder a todos los beneficios del Estado para cubrir las necesidades de las familias.

Con ayuda de la comunidad internacional

En cuanto a cómo se pondrá en marcha la medida, Ochoa apunta que, aunque aún quedan detalles por clarificar, parece ser que esta norma amparará a todos los migrantes «que estuvieran en Colombia el lunes»; pero a partir de esta fecha, solo a los que entren en el país legalmente, «no por las trochas» o entradas ilegales fuera de los pasos fronterizos.

El prelado también reconoce que esta medida «tiene un coste material inmenso. Afectará sobre todo a Bogotá y a las grandes ciudades, que tendrán que destinar recursos a ello». Pero explica también que el Gobierno está ya preparando cómo hacer el despliegue para permitir el acceso de tantos cientos de miles de personas a los servicios públicos. «Creo que también se está dirigiendo a la comunidad internacional para pedir ayuda». Después de la reacción fuertemente positiva del Gobierno de Estados Unidos, el obispo espera que la Administración Biden ponga de su parte para ayudar al Ejecutivo colombiano a llevar adelante esta decisión.

Atención para un tercio de exiliados venezolanos

Además del beneplácito expresado por el líder de ACNUR, otros organismos y países celebraron la medida. «Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente un tercio de los cinco millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana», manifestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración que leyó la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jessica Faieta.

Al anuncio asistieron como invitados los embajadores de varios países, entre ellos los de Estados Unidos, Philip Goldberg; de España, Marcos Gomez Martínez, y de la Unión Europea, Patricia Llombart, quien calificó la decisión de «valiente y sin precedentes» que «transforma esta solidaridad de hecho en una solidaridad de derecho». También el líder opositor venezolano Juan Guaidó agradeció a Duque «su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el Estatuto de Protección Temporal», escribió en Twitter.

Problemas en las fronteras

Los aplausos unánimes del lunes contrastan con las críticas a la gestión de la frontera del Ejecutivo colombiano que hace unos días lanzó el Servicio Jesuita a Refugiados de América Latina y el Caribe. Esta entidad criticó el 29 de enero las medidas implementadas por parte de las autoridades para impedir el ingreso irregular de migrantes venezolanos, incluido el «uso excesivo de la fuerza, que ha llevado a voltear las canoas que transportan a esta población» en la frontera de Arauca y Apure; una denuncia que recogían de las comunidades locales.

Los jesuitas instaban a las instituciones públicas a implementar medidas integrales para la protección de la vida y de los derechos humanos de toda persona, especialmente en las fronteras. Dentro de esta petición, subrayaban la necesidad de aplicar los mecanismos de derecho internacional ratificados por el país; especialmente garantizando el acceso al territorio y la puesta en marcha de mecanismos para determinar la condición de refugiado.

El lunes, el SJR también se sumó a otras entidades sociales y eclesiales para denunciar la militarización de las fronteras de Perú y Ecuador, vigente desde el 26 de enero. «Las Fuerzas Armadas carecen de preparación en enfoques de migraciones y protección integral», criticaba, y pedía un uso adecuado y progresivo de la fuerza, «ya que la seguridad de los puestos de control migratorio debe estar orientada a la protección de las personas migrantes y sus derechos».

Antecedente: el Permiso Especial de Permanencia

Colombia y Venezuela comparten más de 2.000 kilómetros de frontera de difícil control. Los cierres temporales de puentes como el Simón Bolívar en Cúcuta, decretados por uno u otro país por la realidad migratoria del momento o dentro de la estrategia para combatir la pandemia de poco sirven, pues los migrantes buscan pasos ilegales no controlados a través de las trochas.

En octubre, por ejemplo, Colombia militarizó la zona de Cúcuta ante la previsión de miles de llegadas desde Caracas. Pero al mismo tiempo se mantuvo un corredor humanitario para personas con problemas de salud graves y se facilitó que el resto recibieran ayuda de entidades como la Cruz Roja o ACNUR. En ese mismo paquete de medidas, se incluía la creación de un Permiso Especial de Permanencia para todos aquellos venezolanos que hubieran entrado en el país antes de 31 de agosto y no tuvieran antecedentes penales. Esta medida finaliza el 15 de febrero, pero sus beneficiarios podrán acogerse al nuevo Estatuto Temporal de Protección.