Pakistán refuerza las leyes contra la blasfemia

La reforma del Código Penal pakistaní prevé, además de la pena de muerte para todo aquel que ofenda al islam, un mínimo de diez años de prisión para quien insulte a las figuras asociadas al profeta Mahoma —como esposas, compañeros y familiares—, y el pago de una multa de un millón de rupias. Según recoge AsiaNews, los defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación ante este cambio: «Necesitamos garantías contra un uso inadecuado de la ley», aseguran. De hecho, desde hace tiempo se utilizan las falsas acusaciones de blasfemia como venganza o ajuste de cuentas.

La Asamblea Nacional aprobó esta reforma la semana pasada, cuando modificó el artículo 298 del Código Penal, que preveía anteriormente un máximo de siete años de prisión para quien insulte a las figuras sagradas. Además de haberse aumentado la condena, que ahora va desde un mínimo de diez años hasta la cadena perpetua, también dispone el pago de alrededor de 4.500 dólares.

En una entrevista con la agencia de noticias asiática, Joseph Jansen, presidente de la organización Voice for Justice, sostiene que la aprobación de la enmienda «ampliará el ámbito de aplicación de las leyes contra la blasfemia, cuando en realidad lo necesario sería introducir garantías contra su uso indebido». «Estas leyes permiten y fomentan la discriminación y la persecución legal en nombre de la religión», agrega, «y van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, porque se aplican sin investigar si el acusado cometió un acto de blasfemia intencionadamente o no».

Según el activista Ashiknaz Khokhar «cuanto más estricta es la ley, más duro es el castigo y más violenta se vuelve la sociedad. Con cada nueva enmienda a las leyes contra la blasfemia, nos alejamos cada vez más de un posible cambio de rumbo». Por otro lado, el abogado Rana Abdul Hameed explica que las acusaciones de blasfemia no perdonan al ámbito digital. «Se han convertido en una nueva norma en Pakistán, donde se presentan denuncias incluso por dar likes, comentar o reenviar contenido en las redes sociales según la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016, que llevó a un mayor aumento en la persecución de las minorías religiosas».

Otro activista a favor de los derechos humanos, Ilyas Samuel, recalca que quienes presentan denuncias «con motivos perversos, que dañan el orden público, la paz y la cohesión social, no son procesados ​​y gozan de impunidad a pesar de estar involucrados en actos de discriminación, intolerancia, odio y violencia contra las comunidades religiosas. En cambio, las personas inocentes que reaccionan a las publicaciones en las redes sociales son arrestadas y sentenciadas a muerte».