COP27: «Nunca había oído con tanta claridad el “no” a los combustibles fósiles»

Ya en su encíclica Laudato si, el Papa Francisco lamentaba la lentitud de los avances en las negociaciones internacionales frente al cambio climático. Siete años después, el último informe del Programa Ambiental de la ONU indica que la subida de la temperatura global a finales de siglo puede rondar los 2,5 ºC en vez de la meta de frenarla en 1,5 ºC. Mientras, los compromisos nacionales la Cumbre del Clima del año pasado en Glasgow (Reino Unido) apenas recortarán un 1 % las emisiones de gases de efecto invernadero previstas para 2030.

Así, no sería extraño seguir con escepticismo la 27ª edición de la Cumbre del Clima, la COP27, que salvo retrasos en las negociaciones ­—como ocurrió el año pasado— finalizará este viernes en Sharm el Sheij (Egipto). Se trata de la primera COP en la que el Vaticano participa como signatario del Acuerdo de París. Así lo recordó su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, durante su intervención. En ella, reiteró su compromiso de reducir sus emisiones netas a cero antes de 2050, y de «promover una educación en ecología integral» para promover «nuevos estilos de vida».

Fray Eduardo Agosta, miembro de la delegación del Movimiento Laudato Si’, explica que este nuevo rol da a la Iglesia más peso a la hora de valorar el documento final y «un papel más protagonista», que quizá se manifieste en algún gesto significativo. De momento, sus propuestas ya son un ejemplo.

No es la única razón de que este religioso y climatólogo argentino sienta más optimismo del que cabría suponer. «Nunca había oído hablar con tanta claridad de descarbonización y del “no” a más combustibles fósiles por parte de algunos delegados», subraya; aunque no sean mayoría ni de las naciones más poderosas. Tiene la esperanza de que «eso se pueda traducir en algún tipo de herramienta» para aplicarlo. Por ejemplo, el apoyo moral del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral a la propuesta de un Tratado de No Proliferacion de Combustibles Fósiles está dando impulso a que una decena de gobiernos lo hayan pedido o estén organizándose en una alianza por la descarbonización. En este mismo contexto de propuestas más comprometidas sitúa la decisión de Bélgica de incorporar a su código penal y castigar hasta con 20 años de cárcel el causar un daño ambiental «grave, extenso y a largo plazo».

Compensar los daños

Otra de las prioridades para la Iglesia, y más aún en una COP en África, es «hacer visible la necesidad de financiación para paliar las pérdidas y daños» causados por el cambio climático en los países más pobres. Según el Grupo de Países Menos Desarrollados, en 2030 esto podría exigir hasta 560.000 millones de euros anuales. Igual que se destinan fondos a la educación o la salud, debería establecerse un mecanismo para, «sin ir en detrimento de otras ayudas», responder a los desastres ambientales o a la pérdida de cosechas, especifica Agosta.

También hace falta otra línea de fondos para acompañar la transición energética de países en vías de desarrollo, para que este no dependa del petróleo. El religioso explica que el año pasado acabó el período que «el Acuerdo de París abrió para empezar a poner sobre la mesa los planes» en estos ámbitos. Pero en Glasgow «no se habló de números», así que ese apartado «tendrá que cerrarse entre esta COP y la siguiente».

Más allá de las intervenciones de la Santa Sede como estado, el Movimiento Laudato Si’ apuesta por incidir en los actos paralelos de la sociedad civil. Además de seguir los debates, esto les permite mantener un «contacto directo con los delegados nacionales», especialmente de países católicos, y brindarles «apoyo moral y orientación». La mayoría de sus actos en Sharm el Sheij han girado en torno al reciente documental La carta, sobre la encíclica Laudato si. Este jueves, tienen previsto analizar los avances hasta este momento.

Exigen una ley de diligencia debida

«Logramos detener a una empresa minera que secó totalmente un río del que subsistían 15.000 personas», afirmó orgullosa Feliciana Herrera, alcaldesa indígena del pueblo ixil de Nebaj, en Guatemala, en un acto organizado el 10 de noviembre por la Plataforma por Empresas Responsables. Su comunidad también planta cara a tres compañías eléctricas —una italiana y otra con dueños de origen español— por actuar en su territorio sin consultar a los indígenas, como obliga la ley. «Generan 254 megavatios para el extranjero, mientras el 75 % de nuestras comunidades están sin electricidad». En represalia, se enfrentan a «leyes para despojar a los pueblos de esas tierras», amenazas y difamaciones.

La Plataforma por Empresas Responsables trabaja para hacer realidad en nuestro país una ley de diligencia debida que obligue a las empresas a prevenir las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales en toda su cadena de valor. Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, lamentó que el anteproyecto «está guardado en un cajón». «Queremos que pase al Consejo de Ministros y se pueda aprobar esta legislatura».