Nueva ley de dependencia: camino de humanización

España se encuentra ante la mayor reforma del sistema de dependencia desde que la ley 39/2006 vio la luz hace 20 años. El Congreso de los Diputados aprobó a mediados de julio el proyecto que modifica de forma conjunta la ley de dependencia y la ley general de discapacidad. El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, todavía debe completar su paso por el Senado antes de publicarse en el BOE, momento en el que sus medidas empezarán a ser exigibles.

Se trata de una reforma esperada desde hace años por asociaciones de personas dependientes, familias cuidadoras y comunidades autónomas, que llevaban tiempo denunciando la insuficiente financiación estatal, los plazos administrativos excesivos y la rigidez de un sistema pensado para una realidad social muy distinta a la actual. 

El cambio más estructural es financiero. Hasta ahora, la aportación del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) variaba cada año según los presupuestos y quedaba muy por debajo del 50 % que en teoría le correspondía. La reforma blinda por ley ese compromiso: la Administración General del Estado asumirá al menos la mitad de la financiación del sistema, evitando que dependa de la voluntad política de cada ejercicio presupuestario.

Este blindaje legal viene acompañado de una inyección económica ya en marcha y es la mayor inversión destinada a la dependencia desde la creación del sistema. Según el ministerio, solo en el llamado nivel mínimo de financiación las comunidades autónomas recibirán de media un 98,7 % más de recursos procedentes del Estado. 

Uno de los problemas más denunciados por las familias son las listas de espera. Es mi caballo de batalla. La reforma reduce a la mitad el plazo máximo que tienen las Administraciones para resolver una solicitud: de seis meses pasa a tres. El objetivo del Gobierno es recortar en torno a un 47% las listas de espera antes de que finalice 2027, aunque el propio Ejecutivo reconoce que la velocidad real dependerá de cada comunidad autónoma, responsable última de tramitar los expedientes.

Por otro lado, hasta ahora, el sistema obligaba con frecuencia a elegir entre distintos recursos: aceptar ayuda a domicilio podía significar renunciar a la teleasistencia, o un centro de día podía ser incompatible con la prestación económica. La reforma elimina buena parte de este régimen, de modo que el Programa Individual de Atención (PIA) podrá combinar, por ejemplo, ayuda a domicilio por las mañanas, asistencia a un centro de día varios días a la semana y teleasistencia permanente, adaptándose de verdad a las necesidades de cada persona. En esa misma línea, la teleasistencia deja de ser un servicio condicionado a otras circunstancias y pasa a configurarse como un derecho subjetivo garantizado por ley para toda persona en situación de dependencia.

Trabajar y cuidar, compatibles

Uno de los cambios más esperados afecta a la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar. Hasta ahora, muchas personas cuidadoras se enfrentaban a una disyuntiva: aceptar un empleo podía suponer perder la prestación. La reforma establece expresamente que el trabajo será compatible con las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia, facilitando que quienes cuidan puedan también mantener una actividad laboral y su autonomía económica.

Por otro lado, se amplía la figura del cuidador no profesional más allá del entorno familiar directo. Eso sí, esta elección siempre deberá validarla la Administración competente. Además, se reconoce el derecho de las personas cuidadoras no profesionales a recibir apoyo, asesoramiento, seguimiento y formación para su bienestar físico y emocional, y se establece que la prestación económica se mantendrá hasta el último día del mes del fallecimiento de la persona dependiente, evitando la obligación de devolver cantidades ya cobradas.

Otra de las trabas administrativas más criticadas desaparece con el reconocimiento automático de discapacidad para quienes ya tienen reconocido un grado de dependencia: un 33 % para el grado I y un 65 % para los grados II y III. Esto evita iniciar un segundo procedimiento de valoración para acceder a beneficios y ayudas vinculados a la discapacidad, agilizando trámites que hasta ahora se duplicaban innecesariamente.

Mientras concluye la tramitación en el Senado, los derechos actuales del sistema siguen plenamente vigentes. A la espera de su publicación definitiva en el BOE para conocer el calendario exacto de aplicación de cada medida, los servicios sociales de cada comunidad autónoma, junto con el Imserso, son la vía más directa para resolver dudas concretas sobre cada caso. Estamos ante un camino de humanización del cuidado en el que hay mucho por recorrer en materia de cualificación del cuidado y de reconocimiento social del mismo, también en el campo de la asistencia sanitaria.