La reforma de la dependencia da un paso adelante con más derechos y menos burocracia

El Congreso aprobó este martes una serie de cambios en las leyes de dependencia y discapacidad, que amplía derechos, reduce trámites administrativos y refuerza la financiación estatal del sistema. Según el Gobierno, cerca de dos millones de personas podrán beneficiarse de la reforma de la dependencia y discapacidad.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha celebrado como una «extraordinaria noticia que beneficiará a dos millones de personas» la aprobación del texto con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones. Ahora continuará su tramitación en el Senado. 

Más apoyo que la reforma de la dependencia tuvo la aprobación del decreto ley para ampliar la financiación estatal de dependencia en 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. El PP votó a favor de este último, mientras que en el caso del primero se abstuvo.

La reforma de la dependencia y discapacidad contempla una ampliación de derechos, servicios y prestaciones, y garantiza por ley que el Estado asuma el 50 % de la financiación del sistema de dependencia. Asumir este «compromiso tan demandado» es uno de los aspectos más positivos, señalan los responsables de servicios sociales.

¿Qué cambia?

Agradecen que «el Estado ponga a las personas en situación de dependencia y con discapacidad como prioridad institucional». Además de los pasos dados en financiación, valoran que «simplifica procedimientos y elimina tiempos de espera burocráticos con la pasarela de discapacidad a dependencia». La nueva norma elimina burocracia al reconocer un 33 % de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de dependencia. 

Esta medida pretende agilizar procesos y reducir listas de espera. Del mismo modo, a las que obtengan un grado II o III se les podrá reconocer el 65 % de discapacidad. 

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aplaude asimismo que la reforma de la dependencia «amplía nuevos perfiles de cuidadoras», al reconocer en esta categoría a otras personas que no sean estrictamente familiares. Además, «posibilita la compatibilidad de servicios y da carácter legal que la teleasistencia tenga carácter universal para todas las personas en situación de dependencia que vivan en su casa».

La reforma de la dependencia también extiende el servicio de asistencia personal más allá del domicilio. Tal como recoge la Agencia EFE, el personal asignado por las Administraciones también podrá acompañar a quienes lo necesiten a hacer la compra o al médico.

Ayudas, no subvenciones

La entidad recuerda que llevan «más de una década reivindicando que las ayudas de emergencia o urgencia social no tuvieran el carácter de subvenciones y se tramitaran como prescripción social facultativa». Por ello, expresa su satisfacción por que «por fin se modifique la ley 30/2003 General de Subvenciones añadiendo la letra j a las excepciones que establece su Art. 2.4».

Según la asociación, esta modificación pondrá fin al «laberinto burocrático» de solicitar por esta vía ayudas que, señalan, tienen «una media anual de 272 euros» cada una. Hasta ahora, el proceso, que afectaba a más de un millón de personas, era «estigmatizante y excluyente», critican. Por otro lado, se felicitan de que se consideren «los servicios sociales como servicios esenciales».

¿Cuál es el reto ahora?

Una vez logrados estos avances, los responsables de servicios sociales reivindican que ahora «la prioridad deben ser las 255.450 personas que se encuentran en las listas de espera». Piden además «incrementar las prestaciones, aumentar las intensidades de los servicios y compatibilizarlos». 

Otra mejora debe afectar a «los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio y de las residencias».

Por último, consideran un «reto» que «las comunidades autónomas sean capaces de establecer procedimientos más ágiles». Se basan en la experiencia negativa del incremento de financiación estatal que supuso el plan de choque en 2022. Entonces, «nueve comunidades disminuyeron el presupuesto propio para la dependencia». 

La valoración del texto concluye con la confianza de que «con dotación presupuestaria efectiva y con una gestión ágil por parte de las comunidades», la reforma «alcance su pleno cumplimiento». En ello «está en juego la dignidad y la calidad de vida de dos millones de personas y de sus familiares». Afectará, del mismo modo, a 400.000 empleos directos y 200.000 empleos potenciales de nueva creación.