Miguel García-Baró: «Me indigna la utilización de las víctimas como munición política»

¿Qué le parece la estimación de los datos de la encuesta que han publicado algunos medios de comunicación?
Es indignante. El mismo día en que el Defensor del Pueblo presentó su informe relativo a los abusos contra menores en el ámbito de la Iglesia católica un amigo me advirtió de que, al parecer, la primera noticia del telediario de TVE decía que el informe afirmaba que había 440.000 víctimas. Lo mismo publicó el diario El País en su primera página. Ante todo, es falso que esa sea la afirmación del informe; es solo una extrapolación de lo que se lee en la encuesta de GAD3 que se ha incluido en él y que, en absoluto, es su parte esencial. Por otro lado, mi ataque de indignación también tiene que ver con la utilización de las víctimas como munición política. Así ocurrió de forma inmediata cuando el presidente del Gobierno en funciones, en una rueda de prensa en Bruselas y sin que nadie le preguntara por el informe del Defensor, ya empatizaba con los cientos de miles de víctimas… También ha habido prensa de otro signo que ha atacado el informe con la misma perspectiva política y partidista.

¿Por qué no se puede hacer una extrapolación?
La credibilidad de las encuestas quedó demostrada en las elecciones del pasado 23 de julio, cuando ninguna pudo anticipar los resultados finalmente obtenidos. Tampoco la realizada por GAD3, que es una empresa muy fiable relativamente y que fue a la que se encomendó el trabajo tras la convocatoria de un concurso público. A pesar de ello, no se podría haber publicado un informe sin incluir una encuesta. Hubiera sido un agujero metodológico imperdonable. En definitiva, teniendo en cuenta el particular grado de confianza que merece este tipo de investigaciones sociales, el informe se negó en redondo a extrapolar lo que se recogía en la encuesta.

¿Cuál es esa parte esencial del informe de la que habla?
Aquí se trata de penetrar, en lo posible, en un auténtico horror: en pecados y en crímenes de una índole gravísima y que, sobre todo, evocan directamente las palabras evangélicas sobre quienes escandalizan a los pequeños. «Más les valdría que les ataran al cuello una piedra de molino —¡no menos que una piedra de molino!— y los tiraran al mar (Mt 18, 6)». Hay que recordar que esas palabras están en la boca de quien representa la plenitud del amor y de la justicia de Dios. Y cuando se ve en el informe lo que relatan las víctimas, se comprende.

Ha tenido que ser durísimo recabar los testimonios de las víctimas.
Se trata de vidas destrozadas que muy difícilmente vuelven a encontrar el camino de la hermandad humana, del amor matrimonial e incluso de la relación con Dios. La relación con la Iglesia dicen no solo haberla perdido casi siempre, sino no querer recuperarla jamás.

¿Qué actitud se ha tomado históricamente en la Iglesia y en la sociedad ante estos sucesos?
Cuando aquellos crímenes salían a la luz, lo que regularmente sucedía, años atrás, era la ocultación y la negación de los hechos. Así, la desdichada víctima era herida una segunda vez, siendo este golpe por lo menos tan cruel y perdurable como el primero. Nadie la creía y la culpa sería, toda o casi toda, de ella misma. Exageraba, calumniaba… La situación sabemos que se repetía en el ámbito de la familia, de la escuela y también de la Iglesia. De hecho, uno de los primeros síntomas de que las cosas cambian y mejoran es que se empieza a hablar de todo este tremendo dolor sepultado.

¿Qué se puede hacer en la Iglesia?
Importa muchísimo lo que hay que hacer hacia el futuro. Hay que mejorar la formación de toda la sociedad y, en particular, de los clérigos y los religiosos y las religiosas; sensibilizar respecto de los síntomas que alertan del problema y aplicar los muy buenos protocolos que se están elaborando por todas partes. El punto negro es más bien el pasado. Un laico ya anciano, como es mi caso, apenas puede creer, por más evidencias que tenga, cómo se ha callado, se ha encubierto, se ha perdonado y olvidado a bajísimo precio lo que, aparte de un pecado monstruoso, era también un crimen que debería haber sido denunciado, y no solo canónicamente. Tampoco se entiende que el derecho canónico, en su parte penal, siga siendo tan deficiente en lo que concierne al papel de una víctima en un proceso. Esta es una carencia asombrosa.

El informe recomienda una petición de perdón oficial y la colaboración por parte de la Iglesia en un supuesto fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas. ¿Qué le parecen estas propuestas?
El espectáculo de una Iglesia cristiana que pide de veras perdón por su pecado, que colabora plenamente con la justicia, que se prepara para cambiar su régimen secular de administración en tantos aspectos obsoletos, que por supuesto que participa cuantiosamente en el fondo de indemnización de las víctimas que habrá que disponer, es únicamente un espectáculo edificante, como se decía antes, gozoso, sin duda, y, sin duda también, imprescindible.

La Iglesia acoge con buena disposición el informe sobre abusos

Tras 15 meses de trabajo, el Defensor del Pueblo presentó el viernes 27 de octubre el informe encargado por el Congreso de los Diputados sobre los abusos en la Iglesia. Incluye el testimonio de 487 víctimas, así como una encuesta a 8.013 personas elaborada por GAD3, de la que se desprende que un 1,13 % de los encuestados manifestaron haber sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. El dato fue inmediatamente extrapolado por algunos medios, que estimaron que cerca de 445.000 españoles podían haber sido violentados sexualmente por un sacerdote, religioso o laico católico. Unas cifras que han sido rechazadas por la Conferencia Episcopal Española a través de su presidente. En una rueda de prensa celebrada el pasado martes, el cardenal Juan José Omella subrayó «la intencionalidad de vender esa cifra cuando todo el mundo sabe que no es así. Esto es mentira». De hecho, «si seguimos las cuentas matemáticas, todos estaríamos metidos en la dinámica de abusos», dijo el también arzobispo de Barcelona.

Más allá de la cuestión numérica, el informe —que tampoco sale bien parado si se compara con las 28.000 personas que fueron encuestadas para un informe similar en Francia— ha sido acogido con buena disposición por parte del episcopado español, que tras reunirse el pasado lunes en una Asamblea Plenaria extraordinaria valoró positivamente que recoja testimonios de víctimas, una opción que «permite situarlas en el centro». También «han considerado valiosas las recomendaciones propuestas» por el Defensor del Pueblo, que pretenden incorporar «a su esfuerzo diario». La institución presidida por Ángel Gabilondo ha recomendado a la Iglesia celebrar un acto público de reconocimiento de las víctimas, así como poner todos los medios a su alcance para reparar el daño causado. Estas sugerencias «son convergentes, en buena medida, con otras propuestas trabajadas en la CEE desde ya hace algún tiempo», recordó el cardenal Omella.

En esta misma línea se ha situado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que confiesa a este semanario «acoger con enorme respeto el informe» del Defensor del Pueblo, «una institución respetable que sabe mucho del sufrimiento de los ciudadanos». Cobo, además, dice no querer entrar en «una guerra de cifras que no conduce a nada» y pide centrarse en las víctimas: «Siempre hemos dicho que un solo caso es una tragedia y un fracaso en nuestra misión. Si esa cifra se multiplica, lo hace también nuestro dolor».