Más represión en Irán en el segundo aniversario del asesinato de Mahsa Amini
«En los últimos dos años, determinadas leyes penales, en particular las relacionadas con la seguridad nacional, han sido usadas como instrumentos para aterrorizar a los iraníes que protestan o intentan expresarse libremente», denuncia la ONU
Han pasado dos años desde la muerte en oscuras circunstancias, mientras estaba bajo custodia policial, de Mahsa Amini. La joven de 22 años había sido detenida pocos días antes por la policía de la moral por mostrar parte de su cabello bajo el velo. Su fallecimiento desencadenó el levantamiento popular contra las autoridades iraníes. Pero poco ha cambiado desde entonces. Las furgonetas blancas de esta fuerza represiva de los ayatolás siguen patrullando las calles de Teherán.
Las mujeres sufren el acoso continuo de estos individuos que son presentados por las autoridades iraníes como los «promotores de virtudes». Además, se han cerrado cafeterías y restaurantes que atendían a mujeres sin velo y se han incrementado los controles dentro de los coches. Los manifestantes han acallado sus voces tras meses de dura represión y la ira popular se ha desvanecido.
Los resultados de la investigación acometida por tres miembros de la ONU y publicados este jueves han puesto rostro a las fragantes violaciones de los derechos humanos perpetradas en la piel de los manifestantes detenidos durante las protestas que clamaban «mujer, vida, libertad».
El informe firmado por tres mujeres por tres mujeres —Sara Hossain (Bangladés), Shaheen Sardar Ali (Pakistán) y Viviana Krsticevic (Argentina)— ha denunciado que las mujeres que no cumplen con las normas sobre el velo o hiyab obligatorios son golpeadas y reciben «patadas y bofetadas».
«Ha aumentado la supervisión del cumplimiento de estas normas, tanto en contextos públicos como privados, incluso dentro de vehículos, al utilizar cada vez más tecnologías de vigilancia tales como drones», advirtieron. También han aumentado las sentencias de muerte dictadas contra «mujeres activistas», incluidas algunas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas en Irán.
«En los últimos dos años, determinadas leyes penales, en particular las relacionadas con la seguridad nacional, han sido usadas como instrumentos para aterrorizar a los iraníes que protestan o intentan expresarse libremente», se lee en el informe.
El pasado 20 de septiembre, el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley «para apoyar la cultura de la castidad y el hiyab». Su aprobación inminente también ha encendido las alarmas sobre la aplicación de «penas más severas» que incluirían «mayores condenas de prisión, multas, restricciones laborales y educativas», e incluso prohibiciones para salir del país para aquellas mujeres que no usen el velo.
La elección del presunto reformista Massoud Pezeshkian el 6 de julio, tras la muerte del presidente iraní Ebrahim Raissien un accidente de helicóptero, no ha cambiado un ápice la situación, a pesar de la promesa de un Irán más tolerante y abierto a Occidente.
Con todo, todavía existe un pequeño soplo contestatario que se está extendiendo entre las presas. Según anunció el domingo, la Premio Nobel de la Paz 2023 Narges Mohammadi, qué desde el 2021 cumple una condena de 12 años, 11 meses y 154 latigazos emanada en un juicio en el que ni siquiera contó con la presencia de su abogado, treinta y cuatro presas iraníes han iniciado una huelga de hambre para «conmemorar» el segundo aniversario del movimiento de resistencia social. «Las mujeres presas político-ideológicas de Evin han iniciado una nueva huelga de hambre para sumarse a las protestas en Irán contra las políticas represivas del Gobierno», explicó en un comunicado.