Más Plurales registra en el Senado sus enmiendas a la Ley Celaá

La plataforma Más Plurales ha registrado esta viernes en el Senado sus enmiendas a la Ley Celaá. Un movimiento que trata de «mejorar el articulado» del proyecto legislativo después de que el «vertiginoso y exprés paso» de la LOMLOE por el Congreso de los Diputados no haya permitido «la participación en el debate parlamentario a la comunidad educativa», explican.

En concreto, Más Plurales propone enmiendas en los artículos 74, 86, 87, 88, 109, 116, 117 y en las disposiciones adicionales tercera y cuarta. Todos ellos «afectan a la libre elección de las familias, tanto de una manera general como para los centros de Educación Especial», asegura desde la plataforma.

De esta forma, las modificaciones propuestas buscan que se respete la «libertad de los ciudadanos» y que se impida a las Administraciones imponer «sus exclusivos criterios». Por otro lado, tratan de frenar la «predisposición» de la ley «hacia la escuela pública en detrimento de las escuelas concertadas, que tendrán a partir de ese momento un carácter subsidiario».

Correcta financiación

Las enmiendas de Más Plurales buscan también «la correcta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos, los ordinarios –incluyendo a los centros concertados– y los de Educación Especial». En la actualidad, «esta financiación es absolutamente desequilibrada en perjuicio de los centros concertados».

Asimismo, en el documento presentado se subraya la importancia de «crear plazas de Educación Infantil de carácter público y de iniciativa social –en la Ley solo se habla de crear plazas públicas–» y la necesidad de «garantizar los recursos personales y económicos para escolarizar a la totalidad del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, también a los alumnos con necesidades educativas especiales».

Ley fuertemente intervencionista

Con todo ello, la plataforma pretende «mejorar el contenido de la ley para hacerla más dinámica, plural y abierta». Con el articulado actual, concluyen, «estamos ante una ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo».