Los obispos denuncian que las muertes laborales son «ignoradas y normalizadas»

La Iglesia está preocupada por las muertes en el trabajo. En el último año, ha organizado jornadas específicas sobre esta cuestión, se ha reunido con empresarios y organizaciones empresariales e inspira a cristianos que a título personal se involucran en asociaciones de ayuda a víctimas.

Que esta cuestión es un problema creciente no solo lo dice la Iglesia, también las cifras. En 2022, perdieron la vida en el entorno laboral más de 800 personas en nuestro país, una cifra que se acerca al centenar (96) en los dos primeros meses de este año, según el Ministerio de Trabajo.

Por eso, la Subcomisión de Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y dentro de ella el Departamento de Pastoral del Trabajo, ha vuelto a alzar la voz con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra cada 28 de abril, para denunciar que estas muertes «son ignoradas, normalizadas e invisibilizadas».

«Este problema no aparece en nuestras conversaciones ni en las noticias de los informativos. Vivimos de espaldas a una tragedia que tampoco está presente en las agendas políticas», recoge una nota de la citada subcomisión, presentada este martes.

El encargado de exponerla ha sido Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria y responsable de la Pastoral del Trabajo a nivel nacional, que ha recalcado que «los trabajadores son personas y por eso no podemos normalizar lo que no puede ser normal. Es una realidad que se da todos los días y no podemos resignarnos a ello».

En su opinión, es importante visibilizar esta situación, pues «la vida es lo más sagrado que tenemos». En este sentido, ha dicho que una implicación en esta tarea es «una apuesta por la vida, una manera de defender la vida».

En el texto, los obispos afirman que la falta de salud laboral «tiene que ver mucho con la calidad del puesto de trabajo, con los ritmos de producción impuestos en él, con las condiciones objetivas del trabajo o con el incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales».

Y continúan: «Es un problema social relacionado con profundas y permanentes carencias estructurales, que reclama respuesta y soluciones concretas y eficaces».

En este sentido, Martínez Varea ha detallado las orientaciones que recoge el documento para actuar ante la siniestralidad laboral e implicar a personas e instituciones: descubrir, visibilizar y denunciar situaciones de sufrimiento para concienciar a la sociedad y poner a disposición de las víctimas los recursos necesarios; acompañar y escuchar a las víctimas; potenciar el asociacionismo; apoyar la labor de sindicatos y organizaciones empresariales; reclamar a las administraciones públicas que velen por el cumplimiento de la legislación y favorecer el encuentro y el diálogo entre los agentes sociales.