Los obispos de EE. UU. piden una ley que abra la ciudadanía a los soñadores - Alfa y Omega

Los obispos de EE. UU. piden una ley que abra la ciudadanía a los soñadores

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el jueves «el procedimiento» elegido por Donald Trump para poner fin al programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Ante la posibilidad de que el presidente vuelva a intentarlo por otra vía, la Conferencia Episcopal denunciaba que hacerlo «situará sin necesidad a muchas familias ante más ansiedad y caos»

María Martínez López
Foto: CNS

La Iglesia en Estados Unidos dio la bienvenida el jueves a la decisión del Tribunal Supremo de mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados conocidos como «soñadores». En una ajustada decisión de cinco votos contra cuatro, el alto tribunal concluyó que el presidente Donald Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando lo interrumpió en 2017.

«Damos la bienvenida a esta decisión», afirmaron en un comunicado conjunto el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, José H. Gómez, y el presidente de su Comité de Migraciones, monseñor Mario E. Dorsonville. El primer mensaje de ambos prelados fue de apoyo a los soñadores: «Seguiremos acompañándoos a vosotros y a vuestras familias. Sois una parte vital de nuestra Iglesia».

Un rechazo solo temporal

Al mismo tiempo, los obispos Gómez y Dorsonville exhortaban a Trump a que «reconsidere el poner fin» al programa. Son conscientes de que el Supremo no había rechazado la decisión del presidente de acabar con esta medida de protección, sino «el procedimiento» elegido, mediante una decisión del Departamento de Seguridad Nacional. El escrito final, elaborado por el magistrado conservador John Roberts, la definía como «arbitraria y caprichosa».

El texto también dejaba claro que la Casa Blanca puede volver a intentar interrumpirlo de nuevo si quiere; pero es probable que le resulte complicado hacerlo antes de las elecciones de noviembre. «Seguir adelante con esta decisión situará sin necesidad a muchas familias ante más ansiedad y caos» que a los que ya se enfrentan por la pandemia, que como apuntaban los obispos golpea con fuerza a las comunidades migrantes.

«En este momento debemos mostrar compasión y misericordia por los vulnerables», continuaban, preguntándose con san Juan: «Si uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?».

Estudiantes y trabajadores sin antecedentes

Creado en 2012 por el expresidente Barack Obama, el programa DACA ha protegido, según la Conferencia Episcopal Estadounidense, a unos 800.000 jóvenes introducidos ilegalmente en el país por sus padres siendo niños. En enero seguían beneficiándose de él 650.000 personas. Previo pago de una tasa y después de someterlos a un control de antecedentes penales, se les permite trabajar y realizar sus estudios universitarios (los grados educativos inferiores están abiertos a todos) y los protege frente a la deportación.

Sin embargo, tanto la Iglesia como las organizaciones que defienden a los migrantes siempre han criticado que esta solución, aunque beneficiosa para ellos, era solo un arreglo temporal y, como han demostrado los últimos años, frágil. Por ello, como vienen haciendo desde hace años, los obispos concluyen su comunicado reclamando al Senado que «apruebe inmediatamente legislación que ofrezca a los soñadores una vía a la ciudadanía. Lleva tiempo haciéndose esperar una protección legislativa permanente que supere el partidismo y ponga en primer lugar la dignidad humana y el futuro de los soñadores», concluyen en la nota. En ella, se recuerda también que estos jóvenes contribuyen con más 42.000 millones de dólares (37.400 euros) a la economía del país.

La historia de Roberto

Son personas como Roberto, que llegó de bebé a Estados Unidos con sus padres y su hermana mayor y no ha conocido otro país. En el momento de la toma de posesión de Donald Trump, en enero de 2017, estudiaba Sociología gracias al DACA, aunque sin poder optar a ninguna beca; y trabajaba como camarero para pagarse los estudios. Su hermana, ciudadana tras casarse con un estadounidense, estaba intentando regularizar a sus padres, que llevaban 20 años viviendo «en las sombras»: trabajando ilegalmente por sueldos más bajos y con miedo a ser denunciados y deportados ante cualquier queja.

Por aquel entonces, Roberto compartía con Alfa y Omega la incertidumbre sobre su futuro. En un primer momento, la postura de Trump sobre el programa DACA y los soñadores fue ambigua y contradictoria, combinando alabanzas sobre esos jóvenes trabajadores y no problemáticos con las promesas de derogar la orden ejecutiva que los protegía. El miedo de volver a la ilegalidad se agravaba porque, al haber formado parte del programa, la Administración disponía de todos sus datos personales.

Proyectos de vida en el limbo

El presidente anunció unos meses después la interrupción del programa DACA en 2017. Pero los fallos de jueces federales le obligaron a seguir renovando los permisos de aquellos jóvenes indocumentados que ya eran beneficiarios del programa en esa fecha.

La decisión del Supremo supone una enorme victoria y un alivio para los soñadores, que esperaban con nerviosismo un veredicto del que dependen sus proyectos de vida, que habían quedado en el limbo. Muchos eran pesimistas sobre la decisión del Supremo, debido a que la mayoría conservadora de la corte incluye a dos jueces nominados por Trump, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch.

Ambos se opusieron este jueves a la decisión de la mayoría de los jueces de mantener en pie el programa y alegaron, en un argumento firmado por el magistrado conservador Clarence Thomas, que la decisión de sus colegas es «un intento de evitar una decisión (de Trump) políticamente controvertida, pero legalmente correcta».