Los obispos de EE. UU. piden que los dreamers no sean deportados

Desde que en 2012 la administración Obama aprobó la orden ejecutiva para una Acción Diferida para las Llegadas en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), 750.000 personas que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal de niños han recibido un permiso de trabajo y la garantía de no ser deportados.

Estos jóvenes, llamados dreamers (soñadores), «contribuyen a nuestra economía, son veteranos de nuestras fuerzas armadas, estudiantes destacados en nuestras universidades y líderes de nuestras parroquias». Así han reiterado los obispos estadounidenses su apoyo a DACA, puesta en duda desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Los pronunciamientos del presidente sobre los «dreamers» han sido ambiguos: en ocasiones prometió acabar con el programa, mientras que otras veces ha hablado de proteger a estos jóvenes. Sin embargo, los sectores más radicales siguen ejerciendo presión para que se derogue la orden ejecutiva. Los últimos en hacerlo han sido varios fiscales de estado y gobernadores, que han dirigido una petición al Departamento de Justicia.

Hace falta una solución permanente

El responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Estadounidense y obispo de Texas, monseñor Joe Vásquez, ha respondido esta semana a la petición afirmando que «estos jóvenes no conocen más hogar que Estados Unidos. Debe protegerse la dignidad de todo ser humano, particularmente la de nuestros niños y jóvenes. Insto a la Administración a continuar con el programa DACA y a asegurar públicamente que los jóvenes DACA no son una prioridad para las deportaciones».

Sin embargo, monseñor Vásquez subraya, al mismo tiempo, que «DACA no es una solución permanente». Por eso, pide al Congreso que busque una forma «expeditiva y bipartidista de encontrar una solución a los jóvenes DACA», así como «una reforma migratoria integral justa y compasiva».

Ampliar la cuota de refugiados

En los últimos días, el responsable de Migraciones del episcopado estadounidense también ha pedido que el curso que viene (2017-2018) se suba de 50.000 a 75.000 el límite de refugiados a los que se permita entrar en el país. En Estados Unidos, el año fiscal acaba en septiembre. Sin embargo, en la segunda semana de julio ya se había alcanzado el límite establecido por el presidente Trump en marzo. Antes, Estados Unidos reasentaba a 110.000 solicitantes de asilo al año, después de una investigación de dos años.

«Estamos convencidos de que, como nación, Estados Unidos tiene la buena voluntad, personalidad, liderazgo y recursos para ayudar a más personas vulnerables».