Los obispos aplauden el pacto internacional provida de Trump - Alfa y Omega

Los obispos aplauden el pacto internacional provida de Trump

Estados Unidos promovió la semana pasada la Declaración de Consenso de Ginebra, en la que 33 países reafirman que «no existe un derecho internacional al aborto»

Redacción
Acto de firma virtual de la Declaración de Ginebra, el 22 de octubre, con la presencia del secretario de Estado Mike Pompeo (derecha) y del secretario de Servicios Humanos y Salud, Alex Azar. Foto: HHS

Los obispos de Estados Unidos han dado la bienvenida a la Declaración de Consenso de Ginebra, firmada la semana pasada por su Gobierno y otros 32 países miembros de Naciones Unidas, en la que entre otras cosas reafirman que «no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiarlo o facilitarlo».

«Estamos agradecidos a la administración por su liderazgo en esta histórica declaración», subrayaron el jueves en un comunicado los obispos responsables los comités episcopales de Actividades Provida, Joseph Naumann; de Justicia y Paz Internacional, David Malloy; y de Promoción y Defensa del Matrimonio, David Konderla.

En la puesta en marcha de la declaración han participado también, junto con Estados Unidos, Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. La mayoría del resto de firmantes son países africanos o de mayoría musulmana, aunque se incluyen también Polonia, Georgia dentro de Europa, y Haití dentro de América. En total, suman 1.600 millones de habitantes, un 20 % de la población mundial.

Sin presión internacional

Los obispos estadounidenses valoran especialmente que el texto «proclama muchas verdades críticas sobre la santidad de la vida humana y de la familia, incluyendo que cada ser humano tiene el derecho inherente a la vida y que la familia es fundamento de una sociedad sana».

En concreto, según sus promotores, la Declaración de Ginebra tiene cuatro pilares: el objetivo compartido de promover una mejor salud para las mujeres, también sexual y reproductiva, aunque «sin incluir el aborto»; la protección de la vida humana, el fortalecimiento de la familia y la protección de la soberanía nacional. Se subraya, en este último punto, que «cada nación tiene el derecho soberano a elaborar sus propias leyes sobre el aborto, en ausencia de presión externa».

«Esperamos que esta declaración sirva de catalizador para que estos 33 países, y muchos más, persistan en oponerse, unidos, a las poderosas fuerzas internacionales que promueven el aborto y socavan la familia en todo el mundo», concluye el comunicado de los prelados.

Campaña electoral

La firma de este acuerdo ha tenido lugar pocas semanas antes de la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano decisorio de la OMS, prevista del 9 al 14 de noviembre. Pero ha supuesto también un refuerzo a la campaña de Donald Trump para lograr la reelección en las presidenciales del 3 de noviembre. La oposición del presidente republicano al aborto es una de sus principales bazas para asegurarse el voto de una parte de su electorado.

Los avances provida durante su mandato incluyen la reforma de la Ley de Servicios de Planificación Familiar e Investigación de la Población, para no destinar fondos federales para la planificación familiar a entidades que practiquen abortos; la prohibición de que en centros de investigación federales se compre tejido de fetos abortados o el nombramiento de magistrados provida, como Amy Coney Barrett, para el Tribunal Supremo. En el ámbito internacional, reestableció y amplió la Política de Ciudad de México para no financiar ONG que promuevan el aborto en otros países.

También sobre inmigración

Los obispos de Estados Unidos no se han implicado de ninguna forma en la campaña electoral del país. Su única aportación es la difusión de una versión actualizada de Formar conciencias para una ciudadanía fiel, con reflexiones sobre los temas que considerar a la hora de decidir el voto. Pero tampoco tienen objeciones a la hora de valorar acciones concretas del Gobierno.

Así ocurrió a primeros de mes, cuando criticaron la decisión de acoger en 2021 solo a 15.000 refugiados reubicados (un mínimo histórico frente a una media de 95.000 anuales). También se han opuesto al aval del Tribunal Supremo a la cancelación del estatuto de protección temporal para 300.000 inmigrantes con permiso de residencia, lo que implicaría que pueden ser deportados a sus países.