Los jesuitas solicitan que se paralicen las repatriaciones de ecuatorianos por el terremoto
El pasado día 16 de abril, un terremoto de magnitud 7,8 asoló la costa norte de Ecuador, produciendo hasta el día de hoy 525 víctimas mortales y más de 4.000 heridos, además de cuantiosos daños materiales. Según el gobierno ecuatoriano, unas 20.000 personas han quedado sin hogar. Las pérdidas producidas por el seísmo alcanzan los 3.000 millones de dólares, según ha anunciado el propio Presidente de Ecuador, equivalente al 3 % del PIB de ese país.
En la madrugada del miércoles 20 se ha vuelto a producir otro terremoto de magnitud 6,2, que forma parte de las 405 réplicas superiores a 3,5 en la escala sismológica que se han producido hasta el momento.
Ecuador se encuentra en estado de excepción. La búsqueda y el rescate de supervivientes sigue siendo la prioridad, así como la coordinación en el reparto de las ayudas de emergencia, la retirada de cadáveres y la recogida de escombros. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 1 millón de personas podrían estar afectadas por el terremoto.
Es una evidente situación de desastre humanitario que requiere un esfuerzo en la solidaridad internacional y que debe trascender más allá de lo meramente económico y material. Especial relevancia tiene el sufrimiento causado por esta tragedia en las personas de nacionalidad ecuatoriana que residen en nuestro país, con doble nacionalidad y extranjeras, tanto de manera regular como irregular, y más aún en aquellas personas que se encuentran privadas de libertad como consecuencia de su situación administrativa en España y en Europa, que unen a la desgracia de lo acontecido en su país, el hecho de estar internados o el riesgo de ser expulsados.
La expulsión de ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad ecuatoriana en estos momentos contribuiría a que fueran conducidos a un país que padece una dolorosa situación como consecuencia de un desastre natural; supondría dejar a estas personas en una incierta condición, dada la magnitud de la tragedia; determinaría una mayor carga sobre las familias y las instituciones ecuatorianas para facilitar una acogida en momentos tan dramáticos como los actuales.
Por todo ello, instamos a las autoridades españolas y europeas para que:
a) Se paralicen y suspendan las expulsiones y devoluciones previstas de ciudadanos y ciudadanas de Ecuador.
b) Se proceda a poner en libertad a las personas de nacionalidad ecuatoriana internadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por imposibilidad de materializar la expulsión, con arreglo al punto anterior.
c) Se suspendan las incoaciones de expedientes de expulsión y, en su caso, de devolución, de personas de nacionalidad ecuatoriana.
d) Se comunique a los Estados miembros de la Unión Europea esta decisión, solicitándoles la adopción de estos mismos acuerdos.
Todo nuestro apoyo al pueblo ecuatoriano.