Los curas nicaragüenses excarcelados a Roma se recuperan en secreto - Alfa y Omega

Los curas nicaragüenses excarcelados a Roma se recuperan en secreto

De los doce sacerdotes que el 19 de octubre el régimen de Ortega deportó a Roma, siete vienen de Matagalpa y Estelí, las diócesis de Rolando Álvarez. Él sigue en prisión

Rodrigo Moreno Quicios
Molina pide la libertad de Rolando Álvarez frente a la Organización de los Estados Americanos. Foto cedida por Martha Patricia Molina.

Ni los dicasterios, Secretaría de Estado, Cáritas, ni la Vicaría de Roma tienen conocimiento o pueden revelar nada sobre los doce sacerdotes nicaragüenses que el régimen de Ortega excarceló y exilió a Roma el pasado 19 de octubre. «Aún están aterrizando psicológicamente», revela un funcionario que prefiere mantenerse en el anonimato. Es una hipótesis que suscribe Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense exiliada en Estados Unidos desde julio de 2021 por investigar las violaciones de Derechos Humanos en su tierra. «Estar preso en las cárceles de mi país no es fácil, allí se practican más de 40 mecanismos de tortura, tratos inhumanos y degradantes», cuenta a Alfa y Omega.

A la luz de las informaciones que maneja sobre el sistema penitenciario de su país, la abogada considera muy probable que los doce sacerdotes hayan sido víctimas de maltrato y necesiten tiempo para recuperarse. Para afirmarlo se apoya en otro caso que siguió, cuando el 9 de febrero el régimen excarceló y deportó a Washington a 222 presos políticos, un traslado al que el obispo Rolando Álvarez se negó. Una vez en el exilio, los sacerdotes que formaban parte del grupo revelaron que «desde que los detuvieron en la Curia episcopal de Matagalpa hasta que llegaron a la cárcel cerca de Managua, los desplazaron durante dos horas en un furgón arrodillados, en ropa interior, con las manos puestas en la cabeza y esposados».

La abogada denuncia que «en las cárceles de Nicaragua se viola y arrancan las uñas a los presos políticos». Pero matiza que, gracias a la presión interna y externa, los sacerdotes ahora exiliados en Roma pueden haberse librado de este tipo de vejaciones. «Como hubo muchas protestas cuando empezamos a documentar las torturas físicas, la dictadura comenzó a realizar otras que no fueran visibles y se dedicaron más a las torturas psicológicas», matiza. Pero sí asegura que probablemente hayan sido víctimas de otras prácticas, como cuando «los dejan sin comer o con comida podrida y medicinas para que estén mal del estómago y tengan necesidad de ir al baño a cada momento».

Álvarez sigue en el país

Mientras los doce sacerdotes nicaragüenses se recuperan en algún lugar de Roma, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, sigue en prisión acusado de traición a la patria. Previamente estaba en arresto domiciliario, pero ingresó en la cárcel tras su negativa a exiliarse junto a otros 222 presos políticos que en febrero volaron a Washington. «Al no exiliarse, no se somete al poder humano, que es el capricho de la dictadura Ortega-Murillo», considera Molina. Sostiene que, al permanecer en su país, el obispo «está dando testimonio del poder del Evangelio, que únicamente dice que hay que amar al prójimo, y lo demuestra viviendo un martirio en la prisión».

La abogada dice conocer bien a Rolando Álvarez, porque «estuvo mucho tiempo en una parroquia al lado de mi comunidad». «Es un pastor muy cercano con su pueblo y no quiere estar en libertad mientras sus fieles y su clero están sufriendo», opina. «Prefiere el martirio junto a su gente que el exilio», añade.

Finalmente la abogada señala que, de los doce sacerdotes deportados a Roma, siete vienen de Matagalpa y Estelí, las diócesis dependientes de Álvarez. «Todo el clero allí está muy perseguido», revela. Y denuncia que la última vez que se vio a su obispo fue el 25 de marzo, cuando una cadena oficialista organizó una visita de sus familiares a prisión con cámaras para escenificar que se encontraba en buenas condiciones. Ya han pasado seis meses sin ninguna nueva imagen suya.

Sin pruebas de negociaciones

Marling Balmaceda, jefa de prensa de Artículo 66, un diario de referencia para los opositores al régimen de Ortega, considera falso el comunicado en el que el Gobierno de Nicaragua aseguró el 19 de octubre excarcelar a los doce sacerdotes a Roma «luego de mantener fructíferas conversaciones» con la Santa Sede. «Este acuerdo, logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia católica en Nicaragua y en el Vaticano, representa la voluntad y el compromiso permanente de encontrar soluciones», añadía el boletín.

«Siempre dudamos de cualquier comunicado por la deriva autoritaria que vive el país desde 2007 y que empeoró en 2018», advierte Balmaceda. Lamenta que «no tenemos forma de corroborarlo, porque la Conferencia Episcopal de Nicaragua tiene miedo de hablar y hay sacerdotes en el exilio que temen por sus familiares». De hecho, «hay miembros del régimen de Ortega vigilando las Misas y las homilías», advierte.

Apenas unas horas después de que el régimen enviara ese comunicado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede envió una aclaración subrayando que el régimen de Ortega «pidió a la Santa Sede acoger a doce sacerdotes de Nicaragua».

El régimen disuelve a los franciscanos y confisca sus bienes

El Gobierno de Nicaragua canceló el pasado martes la personalidad jurídica y confiscó los bienes de la Orden de los Frailes Menores (franciscanos) y de 16 ONG, algunas ligadas a Iglesias católicas y evangélicas. La razón esgrimida por la resolución del Ministerio de Gobernación es que no aportaron documentación sobre su situación financiera, sus juntas directivas, las donaciones que reciben y la identidad de sus donantes.

Según información publicada en el diario oficial La Gaceta, los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasan a manos del Estado, que no tardó en hacerlos suyos. Según Deutsche Welle, en la misma tarde del martes agentes de la Policía y miembros del Ministerio de Educación ocuparon el Instituto San Francisco de Asís, administrado por los franciscanos en Matagalpa. Continúa así la fijación de las autoridades con esta diócesis, de donde es obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel.

Fuentes del régimen Ortega-Murillo aseguraron que algunas de las 16 entidades financiaron las protestas de 2018. Desde ese momento, el Gobierno ha cerrado más de 3.000 ONG. En agosto, canceló la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús y confiscó su universidad y una residencia de sacerdotes en Managua, bajo la acusación de terrorismo. En mayo hizo lo mismo con la Orden de las Hermanas Clarisas Franciscanas.