Entre las mejores noticias de 2021 destaca la conversión de la Conferencia Episcopal de Francia que, en su asamblea plenaria en Lourdes, aceptó la «responsabilidad institucional» de cientos de miles de casos de abusos sexuales de menores desde 1950 a 2010. Los sacó a la luz el informe de una comisión independiente (CIASE), encargado conjuntamente por la conferencia episcopal y las dos conferencias nacionales de religiosos y religiosas. El Papa Francisco les había confiado su seguridad de que «bajo la guía del Espíritu Santo encontraréis los medios para rendir homenaje a las víctimas y consolarlas», y de «asumir el cuidado del santo Pueblo de Dios, herido y escandalizado, para reanudar con alegría la misión, mirando decididamente hacia el futuro».
El 6 de noviembre, el arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulins-Beaufort, y un buen grupo de obispos vestidos del modo más sobrio, se arrodillaban ante la basílica de Lourdes para pedir perdón a Dios y a las víctimas: «Hemos descubierto que nosotros, tus ministros, somos capaces de profanar tu mayor don, de transformar el don de tu Espíritu en un sistema de envilecimiento, de desprecio y de muerte».
Eran un ejemplo para el mundo, especialmente para episcopados que retrasan aceptar su responsabilidad y «poner en primer lugar a las víctimas», como piden los Papas desde que san Juan Pablo II inició el magisterio sobre esta lacra con su carta a los obispos de Estados Unidos en 1993.
En sus plenarias, los obispos franceses han dado también ejemplo de escuchar juntos a víctimas, como Benedicto XVI empezó a hacer en Washington en 2008, y como Francisco y los presidentes de todas las conferencias episcopales hicieron juntos en febrero de 2019.
Sin la ayuda de comisiones independientes para descubrir la verdadera extensión de los daños, sin escuchar colectivamente a las víctimas, y sin ofrecerles colectivamente ayuda, los decretos y medidas se quedan muy cortos. Ante los ciudadanos, algunos ni siquiera camuflan la falta de conversión.