Las sanciones siguen asfixiando a Siria

Poco después del terremoto del 6 de enero, el director ejecutivo de Cáritas Siria, Riad Sargi, contactó con un donante en Estados Unidos. El proyecto sanitario que financiaba —«pagar las consultas, ingresos, medicinas y pruebas» de personas necesitadas en Alepo— estaba paralizado desde diciembre. La primera fase concluyó en 2022. Para la segunda nunca llegaron los fondos, siendo «la misma cantidad y del mismo donante». Tras el impacto del seísmo en esta ciudad, la ayuda era urgente. El donante «habló con su banco pero no pudo hacer nada. El dinero estaba congelado».

No era la primera vez. Las sanciones impuestas al régimen de Bashar al Asad llevan tiempo afectando sobre todo a la población siria y obstaculizando la ayuda humanitaria. De hecho, desde Cáritas Siria «muchas veces han terminado enviando el dinero a alguna otra Cáritas» por la imposibilidad de recibirlo, asegura Karam Abi Yazbeck, coordinador de la entidad en Oriente Medio y Norte de África. Ante la catástrofe humanitaria del terremoto muchas voces, también desde la Iglesia, han pedido que se ponga fin a las sanciones de forma total, sin conformarse con el levantamiento parcial anunciado por Estados Unidos el 10 de febrero.

En primer lugar, «son ilegales según el derecho internacional, porque en la ONU ya existe un sistema para imponerlas», de forma que los países no las decreten a título individual como han hecho tanto la UE —sobre todo «contra individuos»— como Estados Unidos con su Ley César. De hecho, la ONU cuenta además con una relatora especial que analiza las repercusiones negativas de estas medidas coercitivas unilaterales.

En teoría, las sanciones permiten la ayuda humanitaria. En realidad, explica Thomas Heine-Geldern, presidente ejecutivo de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional (ACN por sus siglas en inglés), a la hora de transferir fondos «los códigos bancarios europeo (IBAN) y estadounidense (SWIFT) bloquean cualquier transferencia con referencia a Siria o a una ciudad del país». Esto se debe, afirmaba la relatora general de la ONU en un informe en julio, al «exceso de celo» de las entidades implicadas, que incluso si está permitido, «a menudo se niegan a prestar servicios por miedo a sanciones secundarias». Al final, explica Yazbeck, las ONG suelen «canalizar el dinero a través de los sistemas bancarios» de los países vecinos, «un proceso difícil, largo» y con elevadas comisiones.

Una vez llegan los fondos, comprar con ellos resulta aún más difícil. Las sanciones también impiden exportar a Siria. El país ha salido adelante produciendo lo básico por su larga tradición de autarquía económica, pero los precios son elevadísimos. Y para importar pequeñas cantidades de productos humanitarios «se cobran altas tasas» y hacen falta permisos para los que hay que «vencer obstáculos burocráticos insalvables y multilingües», explica el presidente ejecutivo de ACN. Más aún si son bienes que puedan «utilizarse para fines distintos a los humanitarios». Como la leche en polvo, según las autoridades competentes. Estas trabas «han contribuido a retrasar o cancelar la importación de cereales, arroz y azúcar. Todo ello aumenta la falta de disponibilidad de comida», la subida de precios y el mercado negro, con «efectos claros en la inseguridad alimentaria que afecta a doce millones de sirios», lamenta Amparo Alonso, de la administración temporal de Caritas Internationalis.

Tampoco llegan ingredientes para medicinas ni quimioterapia eficaz. Por no hablar de fertilizantes e insecticidas para la agricultura, piezas para maquinaria estropeada —incluidas excavadoras, tan necesarias estas semanas— ni materiales de construcción. Hasta el combustible es muy difícil de conseguir.

Hará falta reconstruir

La decisión de Estados Unidos de conceder una licencia general temporal de seis meses para permitir «todas las transacciones relacionadas con la asistencia tras el terremoto» es como «dar un paracetamol a un enfermo grave», apunta el coordinador regional de Cáritas. Ahora «transferir dinero es un poco más sencillo», pero siguen sin poderse adquirir muchos bienes y tras la primera emergencia «la gente no necesitará mantas, sino reconstruir sus casas».

Alejandro León, responsable de los salesianos en Oriente Medio, critica que «seis meses es una limosna». Y hay otros problemas, como que «ahora cuando llegan las ayudas se convierten en liras sirias», a un cambio poco ventajoso y sujetas a una devaluación continua. «En dos o tres días pierden valor. Tengo que pedir que las manden gota a gota».

El pasado lunes, un nuevo terremoto sacudió la zona, derribando más edificios y causando seis muertos en Turquía y cientos de heridos en ambos países. La gente teme volver a casa y sigue llenando los conventos. Ante esta situación «extraordinaria» de «alto riesgo», el superior de la Custodia de Tierra Santa en el Líbano, Siria y Jordania, Firas Lufti, pide replantear la situación general. «El Gobierno de Siria exige que se colabore con ellos directamente» para la ayuda humanitaria. «Occidente no quiere, pero lo más importante ahora es salvar a la población».