Las Hijas de la Caridad piden al Gobierno no olvidarse de quienes están en pobreza extrema

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Provincia España Este) han salido al paso de las medidas en materia de vivienda anunciadas recientemente por el Gobierno, entre las que se incluye «la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos» o el incremento de la oferta de vivienda asequible mediante actuaciones como la subida del IVA al 21 % para las viviendas de uso turístico.

La congregación considera positivo que la vivienda ocupe un lugar prioritario en la agenda pública y política, pero advierte de que las medidas anunciadas, a falta de conocer su concreción definitiva, continúan centrándose principalmente en los problemas de acceso a la vivienda que afectan a las clases medias, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad sin abordar suficientemente la realidad de quienes viven en situaciones de pobreza extrema y exclusión residencial severa.

El último escalón

En este sentido, señalan en un comunicado que miles de personas y familias han quedado fuera incluso del último escalón del sistema habitacional. Para ellas, «el problema ya no es acceder a una vivienda asequible, sino acceder siquiera a una habitación o mantener un recurso residencial estable».

Para Carlos Piñeyroa, director general de las obras de la Provincia España Este de las Hijas de la Caridad, «las medidas que se plantean pueden aliviar parte de la presión existente, pero difícilmente llegarán a quienes ya han sido expulsados del mercado residencial y sobreviven en una situación de exclusión».

Para este colectivo, según la congregación, los problemas de vivienda «no se combaten únicamente con metros cuadrados. Las personas necesitan vivienda, pero también acompañamiento social, apoyo emocional, formación, acceso al empleo y procesos de intervención sostenidos en el tiempo. Sin esa inversión social, la vivienda por sí sola no garantiza la inclusión».

El tercer sector

La entidad alerta además de que gran parte del esfuerzo necesario para sostener estos procesos está recayendo actualmente sobre organizaciones sociales que complementan con fondos propios servicios cuya responsabilidad debería ser compartida por las administraciones públicas. «Cuando el sistema infrafinancia la intervención social, el coste no desaparece. Simplemente se traslada a las entidades sociales y, sobre todo, a las personas más pobres», explica Ricardo Torregrosa, director ejecutivo de acción social de la organización.

Las organizaciones del tercer sector «seguimos sosteniendo viviendas, equipos profesionales y acompañamientos que resultan imprescindibles para evitar que miles de personas caigan definitivamente en la exclusión». En concreto, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (Provincia España Este) han acompañado a más de 13.000 personas en 2025, y han acogido y acompañado a 1.238 personas en recursos de vivienda e inclusión social.

«Pero esta situación es insostenible», asevera Torregrosa. Y lanza una pregunta: «¿Qué ocurrirá cuando las entidades sociales dejen de tener fondos propios para sostener a las personas en vulnerabilidad?».

Por ello, las Hijas de la Caridad consideran que cualquier estrategia pública de vivienda debería incorporar de manera explícita la financiación suficiente de recursos de inclusión residencial y de intervención social especializada. «Celebramos que se impulsen nuevas medidas para afrontar la crisis de la vivienda. Pero si queremos resolver realmente el problema, debemos mirar también a quienes están más abajo. Porque la vivienda no es solo una cuestión de mercado; es una cuestión de dignidad. Y si las soluciones no alcanzan a las personas más vulnerables, seguiremos actuando sobre la superficie del problema sin llegar a su raíz», asegura Maribel Vergara, visitadora provincial de Hijas de la Caridad Prov. España Este.