Las agencias de gestación subrogada «se siguen anunciando» a pesar de las medidas del Gobierno

La noticia de que la Abogacía del Estado actuará contra las agencias que, en contra de la ley, publicitan la gestación subrogada comercial ha sido recibido con cierto escepticismo por las organizaciones que combaten esta práctica. Este martes, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, afirmó que «la Abogacía del Estado va a iniciar las acciones legales pertinentes» para combatir la publicidad de esta práctica.

«En las próximas semanas» se producirá «la presentación de la correspondiente demanda», aseguró en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. El anuncio se produce después de que este tipo de publicidad lleve varios meses en el punto de mira.

Berta O. García, copresidenta de la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación Subrogada (CIAMS), justifica su falta de optimismo precisamente en que a pesar de ello, «las agencias se siguen anunciando». Pone como ejemplo las páginas web de varias de ellas, que siguen activas y horas después del anuncio tenían publicados textos en los que venían a decir que «no podemos hacer publicidad. Pero llámenos por teléfono y les daremos todo tipo de información, intermediación y apoyo», parafrasea la activista.

Todo ello en torno a una práctica que en España es ilegal, al considerarse nulos los contratos de este tipo. Con todo, «de una manera u otra estas empresas están ahí en internet y cualquiera puede contactar con ellas», denuncia García. «Están tomando el pelo a la ministra de Igualdad» y burlándose de la prohibición.

Ilegal desde 2023

La copresidenta de CIAMS recuerda que la ley orgánica 1/2023, por la que se reformaba la ley del aborto, prohibía en su artículo 33 que se publicitaran las empresas que sirven de mediadoras para alquilar un vientre en el extranjero. Sin embargo, la aprobación de esta norma no tuvo ningún efecto inmediato. «La prohibición no se estaba llevando a cabo. Las agencias y bufetes se seguían anunciando con total impunidad».

A finales del año pasado, «varias organizaciones feministas nos cansamos y lanzamos una campaña para que las instituciones públicas legitimadas» para ello (el Ministerio de Igualdad, el ministerio fiscal y el Instituto de las Mujeres) hicieran efectiva la prohibición. En concreto, 334 personas presentaron quejas ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres sobre publicaciones de páginas web y redes sociales en las que ocho negocios con sede social en España promocionaban la gestación subrogada comercial.

En enero, el Instituto de las Mujeres elevó a la Abogacía del Estado un informe que recogía este contenido. Señalaba «los diferentes recursos comunicativos que estos negocios utilizan para atraer a potenciales clientes, desde entrevistas en blogs que disfrazan la violencia que está práctica supone para la salud de las mujeres hasta la idealización de las denominadas “madres gestantes”», detallaba Igualdad en un comunicado.

Información engañosa

La copresidenta de CIAMS también se muestra molesta por cómo, incluso en los textos publicados para esquivar la prohibición de hacerse publicidad, las agencias «están ofreciendo información engañosa». Así, «llaman técnica de reproducción asistida a la gestación subrogada cuando nuestra ley sobre este tema la excluye» de esta categoría. «Usar a una mujer para que por medio de un contrato geste y traiga al mundo a un niño que te vas a quedar tú no cura ni revierte la infertilidad de nadie», subraya.

Del mismo modo, la publicidad habla de esta práctica como vinculada a los derechos reproductivos «cuando la ley dice claramente que es violencia reproductiva y una vulneración grave de estos derechos». En definitiva, lo considera «una tomadura de pelo total».

Por otro lado, García señala que «en realidad» la publicidad no será sancionada con «medidas punitivas». Según la ley 1/2023, la acción judicial solo estará «dirigida a la declaración de ilicitud de la publicidad» y «a su cese». Por ello, es difícil saber hasta dónde llegará la demanda. En definitiva, la activista señala que «mientras la gestación subrogada no sea considerada un delito universal de trata no vamos a conseguir nada porque existen mil subterfugios para esquivar las pocas leyes que tenemos y que limitan un poco el alcance de esta práctica».