La persecución no cesa en China

A pesar del acercamiento de los últimos años entre el Vaticano y China y de su acuerdo para el nombramiento consensuado de obispos, sigue la persecución religiosa sobre los seis millones de católicos que pertenecen a la Iglesia clandestina, que obedecen a la Santa Sede y no al culto oficial controlado por Pekín. El ejemplo más reciente es la detención del cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, en virtud de la draconiana ley de seguridad impuesta en la antigua colonia británica por el autoritario régimen de Pekín, que criminaliza toda oposición política.

Dicho deshielo fructificó con el acuerdo alcanzado en septiembre de 2018, y prorrogado en 2020, que en teoría debería ser renovado también este año. Aunque sus detalles no han sido desvelados, básicamente consiste en una especie de concordato para el nombramiento consensuado de obispos. Este era el principal escollo entre el Vaticano y el régimen chino por la división entre la Iglesia oficial y la clandestina, que amenazaba con provocar un cisma.

Cuando se formalizó el acuerdo, en la Iglesia oficial había siete obispos, más uno fallecido el año anterior, que habían sido consagrados por la Asociación Católica Patriótica sin el permiso del Papa, quien volvió a readmitirlos en el Vaticano tras retirar la excomunión con la que habían sido castigados. Por el otro lado, había una treintena de obispos de la Iglesia clandestina nombrados por Roma, pero no reconocidos por las autoridades chinas. A ellos se sumaban otra treintena de obispados vacantes que deberían desbloquearse gracias a este acuerdo histórico. Desde entonces, se han producido media docena de nombramientos por mutuo acuerdo, dos en los primeros dos años y cuatro tras su renovación. El último, en septiembre de 2021, fue Francisco Cui, obispo de Wuhan.

En esencia, este concordato con China recuerda al que ya estaba vigente con otra dictadura comunista como Vietnam, o al que rigió en España durante el franquismo. Con cesiones por ambas partes, el objetivo era unir espiritualmente a toda la Iglesia católica china más allá de la supervisión administrativa e ideológica que impone el régimen.

Al menos, así se pretendía evitar casos tan sangrantes como el del obispo de Shanghái, Tadeo Ma Daqing, recluido desde 2012 en el seminario de Sheshan tras criticar en su propia ordenación el control religioso de las autoridades. Tras confesar en su blog que se arrepentía, fue readmitido en 2018 en la Asociación Católica Patriótica, pero solo como padre, no con el título de obispo que le había concedido el Vaticano.

Peores aún son los casos de otros obispos mártires encarcelados y torturados como José Fan Zhonglian y Cosme Shi Enxiang, que se pasaron 14 años bajo arresto domiciliario hasta su muerte, o Jaime Su, desaparecido desde 2003. A la espera de aclarar estos abusos, los fieles de la Iglesia clandestina confían en que el acuerdo sirva para acabar por fin con la persecución.