La persecución contra la Iglesia en Nicaragua: «Al menos 261 religiosos desterrados»

En el informe Fe bajo fuego, la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más advierte de que «al menos 261 religiosos han sido desterrados como resultado» de la persecución religiosa contra la Iglesia católica nicaragüense.

Entre ellos se encuentra incluso el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera, quien fue desterrado por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en noviembre de 2024. La expulsión se produjo supuestamente después de que Herrera llamara sacrílego al alcalde local como consecuencia de un tumulto con música organizado por las autoridades durante la celebración de una Misa.

Además del presidente del episcopado, han sido expulsados los obispos Silvio Báez, Rolando Álvarez e Isidoro Mora; el nuncio apostólico en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y cerca de 140 sacerdotes de las diferentes diócesis de Nicaragua. La lista incluye más de 90 religiosas o monjas, más de una decena de seminaristas y tres diáconos.

Según el informe, recogido por la agencia EFE, un punto de inflexión se produjo en marzo de 2022 cuando fue expulsado el nuncio apostólico en el país. Desde entonces, «las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano se han deteriorado significativamente», valoró esa ONG.

Cierre de ONG y medios

La ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más también revela que el Gobierno sandinista ha cerrado 5.609 asociaciones sin fines de lucro entre 2018 y 2025; de ellas, 1.294 religiosas. En la mayoría de los casos, el régimen de Ortega les confiscó también todos sus bienes.

Asimismo, el estatal Instituto de Telecomunicaciones, ente regulador del sector, ha cerrado al menos 54 medios de comunicación. 22 eran de carácter religioso, entre canales de televisión y emisoras de radio.

«El no respaldar al Gobierno [tras la crisis acaecida en abril de 2018] y por lo contrario acompañar a la población civil provocó la animadversión del Ejecutivo, que percibió a las instituciones religiosas como una amenaza directa a su continuidad de perpetuarse en el poder», anotó la ONG. Como respuesta, las autoridades implementaron una política de Estado para restringir la libertad religiosa.