La ONU señala a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi por el genocidio rohinyá
Un año después de los hechos Naciones Unidas acusa a la presidenta de no evitar las matanzas
De icono de la libertad a cómplice de genocidio. En solo tres años en el poder, ese ha sido el brutal desgaste que ha sufrido la Nobel de la Paz birmana Aung Suu Kyi. Tras pasarse quince años bajo arresto domiciliario por oponerse a la dictadura militar, su partido ganó las elecciones de 2015 y se convirtió en la «jefa de facto» del Gobierno. Pero su silencio ante la persecución de la etnia musulmana rohinyá ha roto su aura inmaculada como defensora de los derechos humanos y la democracia.
Cuando se cumple un año del éxodo rohinyá que llevó a 700.000 refugiAung San Suu Kyiados al vecino Bangladés, la ONU acaba de acusar al Ejército birmano por la represión durante décadas de esta minoría, que no está reconocida entre las 135 etnias del país. El informe, elevado al Consejo de Seguridad, recomienda juzgar en el Tribunal Penal Internacional de La Haya a seis altos cargos militares birmanos, incluido el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Ming Aung Hlaing.
También sale mal parado el Gobierno de Aung San Suu Kyi, quien ha decepcionado por no alzar su voz a favor de los rohinyás. Aunque los expertos de Naciones Unidas creen que «las autoridades civiles tienen poco control sobre los militares», los culpan de haber «contribuido a la comisión de crímenes atroces con sus actos y omisiones». Señalando directamente a Aung San Suu Kyi, el informe asegura que «no ha usado su posición de facto como jefa del Gobierno, ni su autoridad moral, para impedir ni detener los hechos en el Estado de Rakhine».
Brutal ofensiva
Hace ahora un año, el Ejército birmano lanzó en dicho Estado del oeste del país una brutal ofensiva contra la minoría rohinyá después de que una guerrilla musulmana, el Ejército de Salvación de Arakán, atacara una base y treinta puestos militares el 25 de agosto. Entrando a tiros en sus pueblos, los soldados quemaron las casas, mataron a los hombres y violaron a las mujeres, según contaron a ABC el año pasado refugiados rohinyás que habían huido a Bangladés. A pesar del acuerdo entre ambos gobiernos alcanzado en septiembre para que volvieran a sus hogares, allí siguen hoy porque tienen miedo a regresar a Birmania.
Aunque no sabe el número de víctimas porque el Gobierno birmano prohíbe el acceso a la zona e incluso tiene detenidos a dos periodistas de la agencia Reuters que revelaron las matanzas, Médicos Sin Fronteras calcula que hubo 6.700 asesinatos y otras estimaciones elevan la cifra hasta los 10.000. Mientras tanto, el Gobierno solo reconoce 400 muertos.
«La necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, atacar a los niños y quemar pueblos enteros», denuncia el informe. Aunque el Gobierno birmano no ha permitido a sus autores acceder al país, han recogido el testimonio de 875 víctimas y testigos y se han basado en numerosos vídeos, fotografías, documentos e imágenes por satélite. Después de analizar todo ello en un estudio que se remonta a 2011 y se extiende a los Estados de Kachin y Shan, donde también operan dos guerrillas étnicas que controlan sus propios territorios, a los expertos no les queda dudas sobre lo ocurrido con los rohinyás: un genocidio.
Aunque el informe recomienda llevar a los responsables militares al Tribunal Penal Internacional, o crear en la ONU un comité independiente para investigar sus crímenes de guerra, la propuesta no saldrá adelante por el derecho a veto en el Consejo de Seguridad que puede emplear China, aliada de Birmania.
Pablo M. Díez / ABC