La Iglesia se suma a ex altos cargos europeos para pedir que Ómnibus no «desmantele» la diligencia debida

La Iglesia se ha sumado al esfuerzo de una treintena de ex altos cargos y personalidades políticas de la UE para salvar la directiva de diligencia debida y otras normativas de sostenibilidad amenazadas por el paquete Ómnibus. «Pedimos a la Unión Europea que sitúe la dignidad humana, la justicia social y la solidaridad global en el centro de sus políticas», ha exhortado Michael Landau, presidente de Cáritas Europa.

Landau se une a personalidades como Josep Borrell, ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores; el exministro español Ramón Jáuregui, la ex primera ministra finlandesa Sanna Marin o la excomisaria de Política Regional Danuta Hübner. Apoyan la campaña también Enrico Giovannini, exministro de los Gobiernos italianos de Mario Draghi y de Enrico Letta, así como el ex líder sindical alemán Reiner Hoffmann.

La mayoría son de formaciones de centroizquierda. Han unido fuerzas para advertir mediante una carta a las instituciones comunitarias de que «desmantelar» las normas de sostenibilidad aprobadas en los últimos años supondría un grave «retroceso» estratégico. «Debemos avanzar, no retroceder, y garantizar un marco político que proteja a las personas y al planeta, nuestra casa común», subraya Landau.

Votación el lunes

La misiva ha sido difundida este miércoles y enviada a los Gobiernos e instituciones de la UE, ante la previsión de que el primer paquete Ómnibus se vote en la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el próximo lunes. Este conjunto de regulaciones, preparado por la Comisión Europea para simplificar las normas y reforzar la competitividad de la economía, «corre el riesgo de desmantelar el marco regulatorio en materia de sostenibilidad que se ha construido cuidadosamente a lo largo de los años».

Se da la circunstancia de que la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad se aprobó en la primavera de 2024. Aún no se había trasladado a las legislaciones nacionales, y muchos de sus aspectos tal vez nunca lo hagan.

«La eliminación o el aplazamiento de regulaciones desarrolladas mediante un amplio consenso, y que constituyen la base de la transición hacia una economía más sostenible y resiliente, supone un preocupante retroceso», señalan. «Apoyamos los esfuerzos para reducir y racionalizar las cargas» administrativas y burocráticas para las empresas, aseguran.

Pero «consideramos esencial mantener ciertos principios y compromisos políticos no negociables que han consolidado a la Unión Europea como líder mundial en materia social y medioambiental», agregan. Los efectos del cambio climático demuestran que «la transición hacia una economía más justa y sostenible no puede esperar». Supone además «una oportunidad estratégica para construir una Unión Europea más autosuficiente y resiliente frente a crisis y choques externos».

Sostenibilidad y competitividad

La «sostenibilidad y responsabilidad social» y la «eficiencia y competitividad», si esta se basa «en la innovación y la justicia social», son conceptos «compatibles y se refuerzan mutuamente», añaden.

«Hacemos un llamamiento a establecer un marco jurídico estable y coherente que proporcione seguridad jurídica y promueva activamente una conducta empresarial responsable», agregan. Los signatarios instan asimismo a la UE a «enviar señales claras al mercado para que los actores económicos aceleren la descarbonización, refuercen su resiliencia frente al cambio climático y adopten modelos de gestión sostenibles que respeten los derechos humanos».