Experta en desarrollo: «Nuestro grito es que la directiva de diligencia debida se toque lo menos posible»

El 13 de junio se cumplió un año desde la adopción definitiva de la directiva de diligencia debida de la Unión Europea. Entró en vigor el 25 de julio. Sin embargo, es de prever que esta normativa que tanto defendieron organizaciones católicas nunca llegue a aplicarse tal como se aprobó, al ser una de las afectadas por el proceso de «simplificación» adoptado por la nueva Comisión Europea en este segundo mandato de Ursula von der Leyen. Susana Hernández, que sigue este caso desde la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE), explica el proceso.

—¿Qué ha ocurrido para que se esté modificando una directiva que ahora está cumpliendo su primer año?
—Todos celebramos cuando el 13 de junio de 2024 se adoptó la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. Coincidió con el final del primer mandato de Ursula von der Leyen [como presidenta de la Comisión Europea, N. d. R.]. Tras ser reelegida, en una rueda de prensa el 8 de noviembre anuncia un paquete de medidas ómnibus para simplificar el entorno empresarial de la UE. Este tocaría algunas normativas de sostenibilidad, entre ellas esta directiva. En febrero ya anuncian formalmente qué cambios se esperan.

—¿Eran modificaciones relevantes?
—Sí, afectan radicalmente a partes centrales de la directiva, que como sabe ya se había quedado bastante reducida. La primera es que las empresas solo estarán obligadas a evaluar los daños atribuibles a los socios comerciales directos; y los de los socios indirectos si tienen «información plausible», algo que depende en gran medida de la interpretación. Así se reduce drásticamente su alcance.

Otra es que únicamente se incluye como parte interesada a las personas o comunidades directamente afectadas por operaciones de las empresas. Se eliminan las acciones representativas, lo que significa que las ONG, los sindicatos y las instituciones de derechos humanos no podrán representar a las víctimas ante los tribunales. Además, al quedar la responsabilidad civil en manos de los Estados miembros de la UE, se puede reducir drásticamente el acceso de las víctimas a la justicia ante los tribunales de la UE.

Por otro lado, ya no existe la obligación de implementar los Planes de Transición Climática. En teoría esto permite a las empresas cumplir con la disposición simplemente elaborando un plan sobre el papel, en lugar de ponerlo en práctica. Finalmente, las empresas ya no tendrán que rescindir contratos con sus socios o filiales, incluso en casos en los que sea posible o probable que continúen los abusos. El término rescisión se cambia por suspensión, lo que pone en duda si será definitiva o no.

—Efectivamente, el potencial de la directiva queda muy reducido.
—A ello se añade que por el principio de máxima armonización, al trasponer la directiva a su legislación los Estados miembro ya no podrán establecer normas más ambiciosas. En estos cambios priman los intereses de las empresas. Esto ya pone en duda la misma existencia de la directiva. También nos ha parecido escandaloso que incluso una norma que ya estaba adoptada y en proceso de trasposición para su implementación se pueda modificar.

—En realidad, al ser cambios tan inmediatos a su aprobación, la directiva aún no se había traspuesto. ¿Cómo van los países a traducirla a su legislación nacional si está previsto cambiarla mientras lo hacen?
—Después de adoptar la directiva, los Estados miembros tenían un año para transponerla. Pero en la segunda parte del paquete ómnibus estaba la propuesta llamada «detengan el reloj», que planteaba retrasar la transposición otro año más. Se adoptó por la vía rápida, por lo que se logró este retraso. La Comisión Europea está esperando que justo en este año se puedan adoptar las enmiendas a la directiva europea y trasponer esta, tan reducida, en 2026.

—¿En qué punto se encuentra la tramitación del paquete ómnibus?
—Está en el Parlamento Europeo. El Comité de Justicia está liderando la tramitación y otros se han propuesto para emitir opiniones. También se está discutiendo en el Consejo de la UE. La idea es que hacia octubre podría haber una votación en el Parlamento y a inicios del año que viene ya se podrá empezar el triálogo, es decir, la cooperación entre el Parlamento Europeo, la presidencia del Consejo y la Comisión Europea. Luego ya vendría la adopción formal en el pleno del Parlamento. El escenario es desastroso. Implica volver cinco años atrás.

—¿Cómo está intentando la sociedad civil, y dentro de ella las entidades de inspiración cristiana, influir en este proceso?
—Llevamos los últimos seis meses trabajando en modo urgencia para ver cómo lograr que estos cambios impacten lo menos posible a la directiva. Ahorita estamos realizando todo el trabajo de incidencia. Nuestra idea es reunirnos con los comités de la Eurocámara y con los parlamentarios que van a tomar alguna decisión para poder intentar influir en las enmiendas. El grito general de la sociedad civil es que la directiva se toque lo menos posible. Pero a estas alturas es difícil anticipar el resultado. Todavía tenemos la esperanza de poder revertir algunas propuestas.