La Iglesia no deja a nadie atrás en el Día Internacional del Migrante
Manos Unidas centra la mirada en La 72 y los cerca de 20.000 migrantes que atienden al año; Entreculturas alerta de la invisibilización de la violencia contra las migrantes y la Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de Madrid denuncia la falta de planes coordinados entre las administraciones públicas
16.000 migrantes llegan cada día a las fronteras mexicanas. La situación es de crisis humanitaria y los albergues sobrepasan su capacidad. Lo subraya Juan de Amunátegui, coordinador de proyectos en América de Manos Unidas, coincidiendo con el Día Internacional de la Persona Migrante. La entidad fija su mirada en esta ocasión en La 72, un campo de refugiados en pleno siglo XXI que está gestionado por los franciscanos y que Manos Unidas acompaña con un proyecto que incluye atención integral a los entre 15.000 y 20.000 migrantes que llegan a él al año. Allí reciben atención y un poco de paz.
«El motivo de salir de mi país —explica Franklin— fue porque las pandillas es lo peor que ha habido en Honduras. Un día me quisieron meter a la fuerza y me dijeron que si no entraba me podían matar a mí o a mi familia». También Kenya, una joven de 21 años que tuvo que emigrar con su bebé, cuenta que «salí por amenazas y violencia. A mi mamá le habían quemado la casa y yo caminaba pidiendo en la calle».
El nombre de La 72 está tomado de la masacre de 72 migrantes de Centroamérica y Sudamérica en el estado de Tamaulipas a manos del cártel de la droga mexicano de Los Zetas, uno de los más poderosos y sanguinarios. Nació como hogar y refugio para personas migrantes en 2011 de la mano de la provincia franciscana San Felipe de Jesús, que trabaja desde 1995 con los grupos vulnerables del sureste de México.
El centro tiene el objetivo de ser lugar de acogida fraterna y referente mundial en la lucha, protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, refugiados y personas en tránsito por la frontera con Guatemala, en el estado de Tabasco, al sur del país. «Para atravesar Guatemala caminamos diez horas, y para llegar hasta aquí [La 72] tardamos unos cuatro días; si no fuese por ellos, no tendríamos dónde dormir ni quién nos diera comida, e iríamos por el camino sufriendo», detalla Ashley, hondureña.
Alojamiento, higiene y atención sanitaria
Como asistencia humanitaria, La 72 ofrece alojamiento, alimentación y servicio de salud en un entorno seguro con áreas de descanso e higiene, comida sana y atención médica y psicológica. Lo primero es iniciar con ellos el proceso de tramitación de su solicitud de asilo. Esto les permitirá, indica Manos Unidas, continuar su camino de forma más segura. Entre los atendidos se presta especial atención a los más vulnerables, como mujeres, niños, adolescentes no acompañados, personas mayores y LGTBI. «Cada uno de estos grupos duerme en un pabellón distinto y a todos se les da una atención personalizada», subraya Mariana Ugarte, responsable de proyectos en México de Manos Unidas.
El hogar refugio hace también una labor de asesoramiento, tal y como observa Alejandra Conde, responsable de área de La 72, que destaca la función de representación legal «en acciones de incidencia ante las autoridades migratorias y la formación en redes de acogida en las comunidades de paso». El refugio se encuentra además a pocos pasos de las vías de La Bestia o «el tren de la muerte»; un ferrocarril de mercancías que usan migrantes fundamentalmente de El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba o Haití en su huida hacia Estados Unidos.
Otras actuaciones
Las ONG Entreculturas y Alboan, por su parte, han presentado una nueva versión digital de su informe Invisibilizadas. Mujeres migrantes en el cruce de fronteras, que denuncia el aumento de la exposición a la violencia y a la vulneración de derechos por razón de su sexo. El texto recoge datos de la situación de las mujeres en Centroamérica y la frontera sur española en todos las fases del proceso migratorio: el origen, el tránsito, las fronteras y los países de destino. «Las actuales políticas migratorias empujan a las mujeres a tomar rutas mortales y se tiene que hablar sobre ello», ha señalado en la presentación del informe Clara Esteban, técnica de Incidencia Política de Entreculturas.
Entre otros, el informe destaca que «muchas mujeres asumen la violencia sexual [agresiones, abusos y violaciones] en los tránsitos como un precio a pagar para poder seguir adelante». Y no solo eso: muchas veces se ven sometidas a diversas humillaciones relacionadas con su propia condición de mujer. «Allí en el bosque podemos estar dos semanas sin ducharnos. Cuando me venía la regla, me ponía la ropa pero sin poder utilizar compresas porque «no tengo derecho a bajar a la ciudad para comprar”», cuenta una joven de 30 años de Costa de Marfil.
La maternidad es otro factor de doble discriminación, porque muchas de las mujeres emigran embarazadas o con niños pequeños. Muchas de ellas, según el informe, «se vean obligadas a aceptar condiciones de trabajo inhumanas». Esta situación, además, afecta a los niños, «que viven en condiciones de menor seguridad para sus vidas y su desarrollo». El informe recoge el testimonio de Marlene Valdés, de Perú: «Puse mi anuncio en Milanuncios y solo me venían propuestas obscenas. Me daban ganas de llorar porque se aprovechan: nosotras tenemos necesidad de trabajar, no deberían hacernos esas cosas». En la publicación han participado también el Servicio Jesuita a Migrantes de España, la Fundación Ignacio Ellacuría y Loiola Etxea.
En la archidiócesis de Madrid, por su parte, la Mesa por la Hospitalidad ha publicado una nota en la que denuncia la falta de colaboración entre las administraciones públicas en el campo de la acogida. Ante la falta de un plan conjunto y de respuesta integral persistente, «desde la Mesa por la Hospitalidad tenemos que seguir acogiendo en atención ordinaria y en recursos de acogida de emergencia a jóvenes y familias con niños pequeños, incluso a mujeres embarazadas, que llegan en situaciones de extrema precariedad y que, no encontrando respuesta por parte de las administraciones públicas, quedan literalmente en la calle». Ante esto, la mesa demanda que el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos elaboren un plan de acogida «que evite tener que seguir poniendo parches a situaciones dramáticas que competen a los poderes públicos».