La Iglesia denuncia el asesinato de cuatro menores a manos de disidentes de las FARC

Los obispos de Colombia han calificado de «inaceptable» el asesinato de cuatro niños y adolescentes por parte de la guerrilla Estado Mayor Central de las FARC. Los menores pertenecían al pueblo indígena murui. Habían sido reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, uno de los grupos que forma esta facción disidente. Fueron asesinados en el límite de los departamentos de Caquetá y Amazonas el día 17 de mayo.

Este «crimen atroz» llevó al Gobierno de Gustavo Petro a suspender de manera unilateral el alto el fuego bilateral con los guerrilleros disidentes, que comenzó el 1 de enero. La muerte de los niños «cuestiona la voluntad de construir un país en paz», por lo que las autoridades han decidido reactivar todas las operaciones contra los rebeldes en cuatro regiones. No hay noticias de que la decisión afecte, en cambio, a la mesa de diálogo con estos disidentes anunciada en marzo.

Los guerrilleros, por su parte, han respondido que «el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total». La ONG Save the Children pidió que se reanude el alto el fuego, «antes de que más niños, niñas y adolescentes sean asesinados».

Contra el reclutamiento

En un comunicado titulado Defender la vida para alcanzar la paz, la Conferencia Episcopal de Colombia ha subrayado esta semana que «la práctica escandalosa y cruel de reclutar menores y usarlos para la guerra es evidencia del alto nivel de degradación del conflicto armado en el país». En consecuencia, exhortaba al Estado a saldar la deuda histórica que tiene con los niños y a «velar por su protección», frente al «aumento del riesgo» y «la atroz inhumanidad de muchos actores ilegales».

Según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO), entre los años 2020 y 2021 el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado aumentaron un 256 %. Además, 78.100 personas fueron desplazadas masivamente el año anterior, de las cuales el 18 % eran niños, niñas y adolescentes, recoge Save the Children.

Quien denunció el crimen de los guerrilleros del Frente Carolina Ramírez fue la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (OPIAC) que reside en la región de la Amazonía. Los cuatro niños del pueblo murui fallecieron por heridas causadas con arma de fuego mientras intentaban escapar del reclutamiento forzoso. Solo se sabe que uno de ellos se llamaba Luis Alberto Matías Capera, y que había sido reclutado a finales de marzo en Putumayo. Sus cuerpos fueron hallados en la comunidad conocida como El Estrecho ubicada en límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas.

El Estado Mayor de las FARC se escindió de las FARC para no sumarse al acuerdo de paz firmado en 2017. Entre todos sus grupos, suman unos 3.000 miembros.