La Iglesia de Honduras exige aclarar la muerte de 41 reclusas durante una reyerta

Al menos 41 mujeres murieron este martes durante una reyerta ocurrida en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), situado a 25 kilómetros de Tegucigalpa (Honduras), aunque las autoridades han advertido de que la cifra podría aumentar en las próximas horas. «Se trata de un dato preliminar», ha indicado Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, en declaraciones a la prensa local.

Las primeras informaciones, aún por confirmar, apuntan a un enfrentamiento entre pandillas. Estarían involucradas, presuntamente, varias reclusas que pertenecen a la Mara Salvatrucha (MS-13) y otras de la Pandilla 18. Al parecer, un grupo de integrantes de la Pandilla 18 comenzó a disparar y después prendieron fuego a varios módulos de la cárcel. Las víctimas son todas mujeres, y oscilan entre los 20 y los 60 años de edad

«Conmocionada (por el) monstruoso asesinato de mujeres en CEFAS, planificado por maras a vista y paciencia de (las) autoridades de seguridad. Mi solidaridad con familiares. Convoco a rendir cuentas al Ministro de Seguridad y la presidenta de la Comisión Interventora. ¡Tomaré medidas drásticas!», ha asegurado la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en su perfil de Twitter.

«Cruel suceso»

Por su parte, la Pastoral Penitenciaria de la archidiócesis de Tegucigalpa ha manifestado, en un comunicado, su «consternación e indignación» por «este cruel suceso», al mismo tiempo que han mostrado su cercanía y solidaridad con las familias de las mujeres fallecidas y heridas, a las que les desean una pronta recuperación.

La Iglesia además se ha unido a la petición de los familiares de las reclusas, «que en estos momentos exigen respuestas a tantas dudas que se ciernen sobre este triste acontecimiento: el abuso de poder, el autogobierno dentro de los centros penitenciarios», ha indicado fray Agustín Lara, responsable de la Pastoral Penitenciaria de Tegucigalpa, quien también se ha preguntado cómo es posible que se introduzcan armas de fuego en la cárcel con todos los controles que existen para el ingreso en los centros penales.

El comunicado concluye exigiendo una respuesta a las autoridades, a las que les piden «reforzar la seguridad», para que «funcione de manera efectiva y oportuna», al mismo tiempo que se respeta «los derechos de los privados de libertad» y se vela «por la dignidad humana».