La Iglesia argentina exige que se investigue el espionaje a un obispo - Alfa y Omega

La Iglesia argentina exige que se investigue el espionaje a un obispo

Entre las 500 personas que fueron escuchadas ilegalmente durante el Gobierno de Mauricio Macri se encuentra el obispo de Loma de Zamora, Jorge Lugones. La Agencia Federal de Inteligencia quería demostrar su vinculación con un entramado con fines políticos vinculado al Papa Francisco

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Foto: Obispado de Lomas de Zamora

Entre las 500 personas que fueron escuchadas ilegalmente durante el Gobierno de Mauricio Macri se encuentra el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones. La Agencia Federal de Inteligencia quería demostrar su vinculación con un entramado con fines políticos vinculado al Papa Francisco

La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP) y la Conferencia Episcopal de Argentina han condenado las supuestas escuchas ilegales a representantes de la Iglesia durante el Gobierno de Mauricio Macri. Además de repudiar estos hechos, Justicia y Paz ha exigido en un comunicado «una profunda y rápida investigación que, respetando las garantías legales, evidencie los hechos sucedidos e identifique las responsabilidades correspondientes».

La entidad se solidariza así con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y asesor suyo, monseñor Jorge Lugones, S. J., obispo de Lomas de Zamora. Monseñor Lugones se encuentra entre el medio millar de personas que, según denunció el 5 de junio la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sufrieron la «producción de inteligencia ilegal» macrista. La Justicia ya ha anunciado que investigará a sus antecesores, Gustavo Arribas, y Silvia Majdalani. Caamaño es cercana a Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual vicepresidenta bajo Alberto Fernández.

Entre los presuntos espiados hubo políticos, líderes sociales, académicos, empresarios, miembros de organismos de la sociedad civil y unos 400 periodistas. A estos se los catalogaba según su grado de afinidad al Gobierno de cara a concederles o no acreditaciones para eventos como las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 en Buenos Aires.

A la búsqueda del entramado de Bergoglio

Según informa el diario argentino Página 12, el espionaje de la AFI a monseñor Lugones incluía información sobre sus cuentas y tarjetas bancarias, la búsqueda (sin éxito) de posibles fondos en el extranjero y, dentro de las escuchas telefónicas, sobre todo sus conversaciones con el Papa Francisco. Así consta en las pruebas que le enseñó el juez Federico Villena al interesado. Lugones se querellará contra los responsables.

La evidencia recogida muestra también el rechazo por parte del Gobierno a que el obispo estuviera al frente de la Pastoral Social. Suponían que estaba trabajando en un entramado con fines políticos vinculado con el Pontífice.

También con Kirchner

En otro comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina alude a que entre los espiados se encontraban, además, sacerdotes. Uno de ellos seguramente sea el cura villero Pepe di Paola (https://alfayomega.es/159524/los-curas-villeros-de-argentina-responden-al-aborto-con-hogares-para-embarazadas), que también sufrió escuchas durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2007 y 2015, como recuerda Cruz.

En este período, el mismo cardenal Jorge Mario Bergoglio fue espiado. En declaraciones a la revista Noticias, Di Paola ha dicho que estos casos «no son nuevos», pero se pregunta por qué está bajo vigilancia. «Solo descubrirán que hacemos el trabajo que hacemos», aseguraba, ante de apuntar que el foco de interés podía ser también sus interacciones con el Santo Padre.

«Institucionalidad y transparencia»

«Confiamos en que la justicia pueda llevar adelante esta investigación», expresaba la Comisión Ejecutiva de la CEA, así como su esperanza de «que se puedan desterrar de nuestra República estas acciones contrarias a los valores de la democracia, y que afectan gravemente la libertad individual y la privacidad de los ciudadanos».

Se trata, añade Justicia y Paz en su texto, de hechos «execrables, cualquiera sea el signo del Gobierno». «Nada puede justificar las escuchas ilegales o las presiones que presuntamente se pretende ejercer sobre las víctimas de tales acciones». La democracia necesita «institucionalidad y transparencia», y por tanto «no admite subsuelos turbios que refugian y facilitan abusos y prácticas ilegales».

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