La eutanasia pone en la mirilla a la enfermedad mental

La paradoja que se vive en España es que solo quienes han solicitado la eutanasia tienen garantizada por ley la administración de los cuidados paliativos. No así el resto de pacientes, que, aun necesitándolos, no siempre es posible que los reciban. «Lo que ocurre es que dentro de los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir se habla de la posibilidad de acceder a cuidados paliativos». El resto de la población, sin embargo, «no tienen garantizada esta práctica por la falta de recursos en el sector», explica Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), a Alfa y Omega. De hecho, el «infradesarrollo» de los cuidados paliativos, «tanto a nivel formativo como asistencial y legislativo», ha provocado que, en ocasiones, no se hayan podido aplicar estos cuidados «ni siquiera en los casos amparados por la ley» de eutanasia, que entró en vigor hace tres años.

Los datos dan la razón a Martínez. En España existen, actualmente, 0,6 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, cuando en realidad se necesitarían dos para ese tamaño poblacional. La cifra nos coloca en el puesto 31 de 51 países europeos, según el Atlas of Palliative Care in Europe, publicado por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC).

En este contexto, y ante el horizonte de vejez que le espera a una España en un claro invierno demográfico, desde SECPAL no se explican que todavía no exista una ley que garantice su trabajo. «Ahora mismo no hay avances en este sentido. Estamos a la espera de reunirnos con el Ministerio de Sanidad para transmitirles nuestras preocupaciones», revela Martínez quien, sin embargo, considera que es «cuestión de tiempo» la aprobación de la norma. «Va a ser obligado ante el tsunami de pacientes que nos pueden llegar a venir», asegura la presidenta a colación del envejecimiento de la población que pronostica el INE, que también acaba de confirmar el cáncer como la primera causa de muerte en España. Elia Martínez, que precisamente es oncóloga, concluye la conversación manifestando su preocupación ante la falta de recursos, que «provocará que en el futuro no estemos preparados». 

El infradesarrollo de los cuidados paliativos contrasta con la expansión de la eutanasia, que en los tres primeros años de existencia ha sido utilizada por 680 pacientes y que, previsiblemente, irá a más. «Así ha sucedido en todos los países que la tienen aprobada», subraya José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC). En Canadá, en tres años, han pasado de 2.000 casos a más de 10.000. En Holanda, en siete años, ya supone el 4 % de los fallecimientos del país. «Y en España ya estamos viendo los primeros síntomas de que va a pasar lo mismo». El modus operandi es el siguiente: en el debate previo a la aprobación de la ley «siempre se habla de casos muy específicos, muy mediáticos, que susciten un sentimiento de conmiseración y de justicia del sistema». Los países que caen en la trampa y aprueban la norma entran, con mayor o menor celeridad, en la teoría de la pendiente resbaladiza, según la cual, a medida que va pasando el tiempo, van aceptando supuestos para aplicar la eutanasia que al principio parecían inconcebibles. En España, por ejemplo, tres años después de publicar la ley en el BOE «ya se está hablado de introducir las enfermedades mentales en el contexto eutanásico, es decir, que se reconozca este problema como uno de los supuestos que permita solicitar la ayuda para morir».

Ante circunstancias como estas, son muchos los médicos que objetan para no tener que acabar con la vida de una persona. «En España hay alrededor de 10.000 médicos objetores», detalla Díez. En realidad existen más, lo que pasa es que hay quien objeta en el último momento y solo en el caso de que algún paciente le pida la eutanasia. La explicación a este comportamiento se encuentra en las listas de objetores que la ley obliga a crear a las distintas administraciones sanitarias. «A priori, no nos consta que se estén utilizando para discriminar a la hora de promocionar un ascenso o cosas por el estilo, pero sí sirven para controlar y desincentivar. En Cataluña y País Vasco, por ejemplo, está habiendo problemas porque son muy beligerantes a la hora de imponer esta práctica», opina el coordinador general de ANDOC, para el que lo normal sería hacer una lista para que el paciente conociera a los médicos que le pueden atender y no una lista en la que figure quién no le va a atender.