La educación diferenciada «está herida de muerte»

«En España no se segrega en las aulas. Lo que hay es educación diferenciada, que no es lo mismo. Eso no supone una discriminación para nadie», afirma Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Caballero hace estas declaraciones ante la penúltima controversia acerca de este modelo educativo: el cambio de funcionamiento de dos colegios en Asturias debido a la amenaza de retirada de los conciertos.

Se trata de los centros Los Robles y Peñamayor, situados entre Oviedo y Gijón. El primero comenzó su actividad en 1975 formando a generaciones de alumnos varones y el segundo lleva haciendo lo mismo con niñas desde el año 2006. La empresa de iniciativa social Fomento de Centros de Enseñanza, responsable de ambos, acaba de decidir que a partir del curso que viene ambos se unan en un único colegio con dos sedes en las que estudiarán juntos niños y niñas. Lo han hecho así debido a la imposibilidad de mantener de otra manera el concierto educativo que reciben de la Consejería de Educación del Principado.

«La libertad de elección educativa de los padres ha pasado a estar en manos de la Administración», lamenta Pedro José Caballero, para quien las autoridades autonómicas educativas «están persiguiendo la libertad de los padres cuando su visión de la vida no coincide con la suya». De hecho, Asturias no es la única comunidad autónoma en la que los padres de colegios de Fomento están viendo cuestionados sus derechos; también en Navarra, Cataluña, Andalucía o Murcia están teniendo o han tenido problemas en este sentido.

«La estrategia parece ser la de asfixiar poco a poco a los centros de educación diferenciada», abunda el presidente de CONCAPA. A pesar de que se trata de un modelo demandado por las familias, en los últimos años «se han ido reduciendo las ratios y se han ido agrupando las aulas, lo que ha agotado económicamente a los centros hasta el punto de que ya no pueden sostenerse». Si a eso se añade que la LOMLOE permite ahora retirar los conciertos a los centros de educación diferenciada, la disyuntiva es clara: o hacerse mixtos o privatizarse totalmente, algo que para muchas economías familiares resultaría imposible de asumir.

Con el aval del Constitucional

La situación actual se produce debido a los cambios introducidos en España por la LOMLOE, modificaciones que permiten la posibilidad de retirar el apoyo económico de la Administración a este tipo de centros. Para ello se ha necesitado el aval del Tribunal Constitucional, que se pronunció traicionando su propia jurisprudencia al respecto. Así, en sentencias anteriores reconocía que la educación diferenciada era una opción pedagógica más, que tiene en cuenta que niños y niñas maduran de forma distinta; pero hace apenas un año respaldó la actual ley de educación y su facultad para retirar estos conciertos.

«El Constitucional ha abierto la posibilidad de que el Gobierno de turno, por sus opciones ideológicas o por mero capricho, pueda decidir qué enseñanzas se sostienen con fondos públicos y cuáles no. Ahora le toca a la diferenciada, pero ¿cuál será la siguiente? ¿La escuela católica?», señala Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma Más Plurales. En su opinión, esta deriva «supone un ataque frontal al concepto de libertad de enseñanza», ya que «el riesgo de una escuela única, cuya titularidad la tengan los poderes públicos e imponga un ideario concreto, está más cerca que nunca».

Por su parte, el presidente de CONCAPA recuerda que «al cambiar las mayorías del Tribunal Constitucional, han entrado miembros que piensan que el progreso consiste en acabar con lo que no comprenden». Así, «antes el elemento de la “demanda social” protegía los conciertos de estos centros, pero ahora tiene más poder la Administración que los padres».

«La única posibilidad es un cambio legislativo, pero ya llegará tarde, cuando la mayor parte de la diferenciada haya desaparecido», añade Muñoz de Priego, para el que este modelo de enseñanza «está herido de muerte». «La única manera de voltear esta situación —concluye— es concienciar a la ciudadanía de que no debe permitir que se limiten sus libertades, entre ellas la libertad de enseñanza o del tipo de educación. Los ciudadanos deben estar alerta».