La colaboración público-privada en sanidad necesita más controles

El modelo de colaboración público-privada a la hora de gestionar hospitales se encuentra en tela de juicio y uno de sus exponentes está siendo investigado por la Alta Inspección del Ministerio de Salud. Según revelaron unos audios filtrados a El País, algunos directivos del Hospital Universitario de Torrejón —de titularidad pública pero gestión privada— presuntamente pidieron a sus trabajadores que alargaran de forma artificial las listas de espera de los pacientes que necesitaran, por ejemplo, una diálisis peritoneal —que requiere una pequeña cirugía, el empleo de maquinaria costosa y varias horas de filtrado— debido a su baja rentabilidad. «Seguro que estamos haciendo mucha actividad que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando», reprochaba en una reunión con una veintena de mandos. «En el año 2022 y 2023 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino». Y solicitaba ajustes en las intervenciones para aumentar los beneficios del centro en «cuatro o cinco millones». 

A este respecto, Javier Toro, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de Unión Sindical Obrera (USO), apunta que el problema no es la coexistencia de la sanidad pública y la privada, pues «lo público se acoge mucho a lo privado para eliminar listas de espera y lo privado acude mucho a lo público cuando surgen patologías complejas». Además, detrás de los centros gestionados, por ejemplo, por instituciones religiosas «no hay ánimo de lucro», como sostiene Antonio Alemany, gerente y director médico de la Fundación Hospitalarias Madrid. El riesgo está en que las dinámicas empresariales se cuelen donde no se las esperaba y «el paciente sirva de mercancía para cuadrar una cuenta de resultados», añaden desde USO.

La postura de su organización es que «lo público tiene que ser público y lo privado, privado», pues identifica lógicas perversas en construir con el dinero de los impuestos los centros que luego se explotarán comercialmente. «Si la empresa privada quiere concurrir en el ámbito de la sanidad, tiene que correr con los riesgos», emplaza. Y se pregunta: «Cuando la empresa obtiene beneficios, ¿está repercutiendo también en el ciudadano?». Toro critica además las dinámicas por las que «se deriva a una persona de un sitio a otro con el riesgo de que entre diagnósticos, tratamientos e intervenciones nos juguemos la vida de las personas».

Lo grave acaba en la pública

Dolores Martínez, secretaria nacional del Sindicato de Técnicos de Enfermería, revela que «lo que ha pasado en Torrejón es algo que todos sabíamos». Se considera «defensora a ultranza de la pública» y subraya que «una enfermedad crónica o grave, termina allí». No obstante, sí que reconoce que en los siete hospitales públicos de la Comunidad de Madrid gestionados por empresas privadas, «las consultas se pasan tanto por la mañana como por la tarde». Cuenta a título personal que, una vez, incluso «me han llegado a hacer una resonancia un sábado a las 23 horas». «Eso en la pública es impensable», reconoce.

En contraposición, sobre el trato al paciente hay experiencias distintas. María, cuyo hijo de 18 años sufre un cáncer muy agresivo, explica a este semanario tras un año y medio de ruta por diversos hospitales públicos madrileños que, hasta que no llegó a un centro privado, «mi hijo era un número más para muchos de los médicos».

Otro elemento más que levanta dudas sobre la mercantilización de la salud es el sobrediagnóstico, los ingresos para cirugías muy menores o los incentivos a los trabajadores para derivar a negocios amigos o recetar medicamentos no disponibles en las farmacias. Es el caso que nos cuenta Paqui, quien presenta en la mano unos nódulos artrósicos y a la que se recetó en una clínica «un complemento nutricional sin base científica, que debía comprar de mi propio bolsillo directamente a un laboratorio y para el que me pedían el nombre del médico que me lo indicó». Sospecha que para que ganara una comisión. Escéptica, fue al reumatólogo de la sanidad pública, quien le extendió a coste cero las recetas para fármacos contrastados como la Rosuvastatina y el Condroitín sulfato. Y Arantxa nos cuenta con decepción cómo en un centro privado presuntamente con un ideario católico, cuando tenía 34 años y «solo llevaba siete meses intentando quedarme embarazada, me querían derivar a una clínica de fecundación in vitro». También, sospecha ella, «por amistad o por algún favor». Cuando ella mostró su negativa a esta opción, la ginecóloga que le atendía le espetó: «¿Tú no serás una capillitas?».

La Iglesia, con todos

José Luis Méndez es delegado de Pastoral de la Salud en la archidiócesis de Madrid y apunta que allí «hay un centenar de capellanes y el 90 % están en hospitales públicos». En ellos mantiene una relación muy fluida con sus profesionales. De hecho, «hay varios centros públicos en los que en el comité de ética hay un capellán». Subraya que «existe un convenio de cooperación que se ha renovado hace poco entre la Comunidad de Madrid y la provincia eclesiástica». En el caso de los centros privados, cada diócesis madrileña mantiene convenios con las empresas que los gestionan en su territorio.

El delegado recuerda que en estos lugares «la misión de la Iglesia es atender a las personas que padecen las consecuencias de sus enfermedades, sean o no creyentes». A los primeros les administran los sacramentos y a los segundos, a los que también pueden ayudar, se les ofrecen como «alguien con quien desahogar sus temores». Finalmente, sentencia que «la humanización de la asistencia está en el fondo de la preocupación de todos los centros hospitalarios, tanto los públicos como los privados». Y en la de los capellanes.

Privada también

Antonio Alemany, gerente y director médico de la Fundación Hospitalarias Madrid, explica que «la misión fundamental de cualquier hospital debe estar centrada en los pacientes a los que atiende». Aunque con un «matiz diferencial» en el caso de los hospitales católicos: «Son organizaciones sin ánimo de lucro»; un «principio básico» que es «fruto de su propia historia».

Alemany reivindica que, en estos centros, estas aspiraciones «trascienden más allá de la atención a la enfermedad física o psíquica». «Esto debe ser válido para cualquier hospital; lo que pasa es que nosotros llevamos detrás una institución de 145 años», concluye.