Irán recrudece el uso de la pena de muerte contra los manifestantes

La pena de muerte continúa siendo una de las principales herramientas de represión del régimen iraní. La ejecución pública este martes de dos hombres detenidos durante las protestas que sacudieron el país a comienzos de 2026 ha reavivado la preocupación por el incremento de las condenas capitales contra quienes participaron en aquellas movilizaciones. Según la documentación recopilada por Amnistía Internacional, al menos 60 personas permanecen actualmente en riesgo de ejecución por causas relacionadas con las protestas.

La organización sostiene que, desde comienzos de año, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 26 personas condenadas por hechos vinculados a las manifestaciones, además de otras ejecuciones por motivos políticos. En muchos de estos casos, asegura, las sentencias fueron dictadas tras procesos celebrados por tribunales revolucionarios en los que los acusados denunciaron torturas, confesiones forzadas y graves limitaciones al derecho de defensa.

Una legislación cada vez más dura

Según el informe, la represión se ha intensificado tras las protestas de enero y en el contexto del aumento de la tensión regional. Las autoridades han ampliado el uso de delitos como «enemistad contra Dios», «corrupción en la tierra» o colaboración con Estados considerados hostiles para imponer la pena capital a personas acusadas de participar en las movilizaciones o de prestar apoyo a grupos de oposición.

Amnistía Internacional advierte además de que la reciente legislación sobre espionaje amplía considerablemente los supuestos castigados con la pena de muerte, hasta el punto de que determinadas formas de comunicación con medios de comunicación u organizaciones internacionales podrían ser interpretadas por las autoridades como actividades de espionaje.

La organización teme que el número real de condenados sea muy superior al conocido, ya que muchas familias evitan denunciar públicamente las sentencias por miedo a represalias.

Menores condenados y denuncias de torturas

Entre las personas que podrían ser ejecutadas figuran, según el informe, tres jóvenes que eran menores de 18 años cuando fueron detenidos. El derecho internacional prohíbe expresamente imponer la pena de muerte por delitos cometidos siendo menor de edad.

La documentación recopilada por la organización recoge también denuncias de desapariciones forzadas, largos periodos de incomunicación, torturas y malos tratos, ausencia de asistencia letrada durante la fase de investigación y utilización de confesiones emitidas por la televisión estatal antes incluso de la celebración de los juicios.

Ante esta situación, varias organizaciones internacionales reclaman que cesen las ejecuciones y que Irán garantice procesos judiciales acordes con los estándares internacionales de derechos humanos.

España pide a Irán que detenga las ejecuciones

La reacción internacional no se ha hecho esperar. El Ministerio de Asuntos Exteriores español condenó este martes «con toda firmeza» la ejecución de los dos jóvenes manifestantes en Isfahán y trasladó sus condolencias a sus familias. Además, expresó su «extrema preocupación» por el riesgo de ejecución que pesa sobre otros ocho acusados en la misma causa, cuyos procesos ya habían sido objeto de advertencias por parte de relatores y expertos de Naciones Unidas.

El departamento que dirige Albares instó a las autoridades iraníes a detener de inmediato la ejecución de las restantes condenas a muerte y a conmutar las penas capitales. También reclamó el respeto a las garantías procesales, el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es Estado parte.

Exteriores reiteró, además, la posición tradicional de España de oposición a la pena de muerte «en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del mundo», al considerar que se trata de una pena «cruel, inhumana y degradante», además de irreversible. El Gobierno aseguró que seguirá utilizando los canales diplomáticos a su alcance, entre ellos su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para promover una moratoria universal de las ejecuciones como paso previo a su abolición.

La Iglesia defiende que toda vida conserva su dignidad

La preocupación por el aumento de las ejecuciones conecta con la posición que la Iglesia mantiene desde hace años sobre la pena capital. León XIV recordó recientemente que «la dignidad no se pierde ni después de delitos muy graves» y subrayó que ninguna persona deja de ser susceptible de cambiar, arrepentirse y rehacer su vida.

El Pontífice reafirmó así la enseñanza incorporada al Catecismo de la Iglesia católica durante el pontificado de Francisco, que califica la pena de muerte de «inadmisible» porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de toda persona. 

En ese sentido, León XIV recordó que la Iglesia enseña sistemáticamente que toda vida humana, «desde la concepción hasta la muerte natural, es sagrada y merece ser protegida». Y señaló que tanto el Papa Francisco como sus predecesores «insistieron repetidamente en que se puede salvaguardar el bien común y cumplir las exigencias de la justicia sin recurrir a la pena capital».