«Incluso con las fronteras cerradas, la gente ha intentado salir»

El 18 de abril de 2018, los nicaragüenses se echaron a la calle pidiendo que se diera marcha atrás en la subida de impuestos para evitar la quiebra del Instituto Nacional de la Seguridad Social, primero, y la salida del presidente Daniel Ortega, después. Pero el mandatario se enrocó en el poder y reprimió con dureza las protestas, lo que le valió las críticas de todos los organismos internacionales, desde la ONU hasta la Unión Europea, e incluso de la Iglesia católica, que se posicionó claramente en contra de la violencia, como informó ampliamente Israel González Espinoza –coautor de este artículo–. El número de muertos ascendió a 328 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque diversas entidades locales elevan la cifra a más del doble y el Gobierno tan solo reconoce cerca de 200.

Pero tres años después de aquel estallido social, que sembró de esperanza las ansias de gran parte de la población de deshacerse de Daniel Ortega –que se convirtió en un dictador similar al que él mismo ayudó a derrocar en 1979–, el país continúa bajo el régimen represor del exguerrillero sandinista.

Acoso a la prensa

Moisés Mercado y María Gómez documentaron todas estas tropelías como periodistas del diario Artículo 66 bajo las órdenes del director Álvaro Navarro. «Nos desplegamos por todo el país para dar cuenta de lo que estaba sucediendo», explica Mercado en conversación con Alfa y Omega. Pero igual que ocurrió con su jefe, los periodistas fueron hostigados de tal forma que hasta temieron por su vida y terminaron saliendo del país. «La Policía se desplazaba hasta nuestra oficina, los agentes permanecían varias horas apostados en la puerta, tomaban fotos y luego dejaban a uno de paisano para que detallara las horas en las que entrábamos y salíamos», rememora el periodista.

La persecución se acrecentó después de que Álvaro Navarro encargara a la pareja de informadores –que también son pareja sentimental– hacer un reportaje de investigación sobre cinco alcaldías opositoras a las que el régimen no les estaba dando presupuesto para la ejecución de proyectos sociales. «La Policía nos mantuvo retenidos cerca de 40 minutos. Nos hicieron fotos. A mí me hicieron desnudarme para ver si llevaba armas. A María la manosearon. Llevábamos pruebas de la corrupción del Estado y, desde entonces, la Policía y los paramilitares empezaron a merodear por nuestro domicilio». Mercado y Gómez decidieron exiliarse antes de convertirse en dos desaparecidos más, y lo hicieron justo antes de que la COVID-19 –a la que Ortega despreció calificándola de «tos chifladora» – acabara con el tráfico aéreo mundial. «Salimos por tierra a Costa Rica y luego viajamos en avión hasta España. Llegamos el mismo día en el que Pedro Sánchez decretó el confinamiento nacional», asegura Moisés. Pero «incluso con las fronteras cerradas hay gente que ha intentado salir del país y ahora», que se acaban de reabrir el 5 de abril, «se han reanudado los exilios».

Elecciones presidenciales

Con el acoso a la prensa, Ortega ha tratado de acabar con las voces críticas contra su gestión y escenificar un clima de normalidad de cara a las importantes elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Pero no es la única estrategia con la que el mandatario –que acumula cerca de 20 años en el poder– ha tratado de allanarse el camino hacia la reelección. En este sentido, la Asamblea Nacional de Nicaragua –controlada por los sandinistas– ha aprobado en los últimos meses tres leyes, la de Agentes Extranjeros, la de Ciberdelitos y la de Crímenes de Odio, que criminaliza la oposición al Gobierno. Este movimiento, sin embargo, ha encontrado una dura respuesta de la comunidad internacional. «Desde octubre de 2020, el Estado inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio a derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión», aseguró en febrero Amnistía Internacional en un informe titulado El silencio a cualquier precio. Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua. En él, la entidad también denunció las «estrategias» utilizadas por las autoridades, que «han perpetuado uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país», donde cualquier opositor «puede perder su libertad y hasta su vida».

Ante este panorama, la ONU ha instado al Gobierno de Nicaragua hace tan solo dos semanas a implementar reformas electorales que garanticen unas elecciones libres y transparentes. El Ejecutivo centroamericano todavía no ha atendido la demanda de las Naciones Unidas, pero sí ha presentado un proyecto de ley que, de salir adelante
–posibilidad que nadie duda ante el control sandinista del Parlamento–, iría en la dirección opuesta a la petición. «Eso no es reformar, es deformar. Dice cosas como que los partidos políticos no podrán hacer reclamaciones o impugnaciones ante el resultado electoral», concluye Mercado. Es decir, si hay fraude, todos callados por ley.

Final feliz para el niño del desierto

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la represión del régimen sandinista ha provocado el exilio de 103.000 nicaragüenses. A todos ellos les ha puesto recientemente nombre y rostro Wilton Gutiérrez, un niño nicaragüense de tan solo 10 años que fue secuestrado junto a su madre en México después de que las autoridades migratorias estadounidenses los expulsaran del país. Su historia se hizo viral cuando el niño fue abandonado por sus captores en la frontera sur de EE. UU. –tras el pago del rescate– y localizado por un agente fronterizo. La historia ha tenido un final feliz tras la liberación de su madre hace una semana.