Federico de Montalvo: «Me preocupa que se cree un mercado de la eutanasia»

A pesar del nulo caso (y las críticas) con los que el Gobierno hizo frente al informe del Comité de Bioética de España sobre la eutanasia, el presidente de este organismo consultivo, Federico de Montalvo, defiende esta iniciativa que tomaron motu proprio y en la que por unanimidad rechazaban un «derecho a morir». «Teníamos un deber no solo jurídico sino también ético de dejar algo escrito», afirma en declaraciones a Alfa y Omega. Además «sí ha tenido impacto», sobre todo porque ha sido uno de los elementos que ha utilizado la oposición para criticar la ley. «Y ahora queda un camino largo de revisión constitucional, en el que el informe puede tener un papel importante».

Además de la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional, Montalvo se hace eco de la carta enviada a España por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha pedido a España que en 60 días rectifique la posibilidad de eutanasia para las personas con un padecimiento «imposibilitante», que desde el ámbito de la discapacidad identifican con sus miembros.

«Una ley que no solo crea el derecho a una prestación sino que acaba convirtiéndose en cultura» puede «colocar a esas personas en una situación de vulnerabilidad», haciéndoles pensar que «deben plantearse si no es mejor acabar con su vida», explica este profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia Comillas y experto en derecho sanitario.

A clínicas privadas

Montalvo prevé además «un problema de aplicación práctica, porque me temo que va a haber una objeción muy generalizada». El rechazo entre los profesionales sanitarios, que considera bastante extendido, puede llevar a que la práctica «acabe en manos de instituciones privadas. Me preocupa que se cree un mercado de la eutanasia». Los profesionales, asegura, «tienen la sensación de que se les está imponiendo, sin consultarles, una obligación legal que se contradice con la naturaleza de su profesión».

Se daría entonces un escenario similar al del aborto, donde ante la falta de médicos dispuestos a practicarlo surjan clínicas privadas para ello. «En Castilla-La Mancha, por ejemplo, todos los abortos se practican en la sanidad privada porque el único hospital que no objetó se dio cuenta de que se iba a convertir en el centro de referencia», y se negó a ello. Así, cree que si en una comunidad autónoma un hospital acepta practicarlas, podría terminar siendo el único que lo haga.

También teme que se presenten como eutanasias, para relativizar la gravedad de su implantación, casos que no sean más que sedaciones paliativas perfectamente aceptables. Hay gente, añade, que «interpreta los cuidados paliativos como algo que solo se administra al enfermo terminal, cuando también pueden darse a un crónico, o a alguien con ELA y dos años de vida por delante».

Críticas de la ministra

La ponente de esta ley, la diputada socialista y ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hasta febrero de 2020, María Luisa Carcedo, centró parte de su intervención del jueves en el Congreso en responder a las acusaciones del PP y Vox sobre la falta de debate público y el hecho de que no se había escuchado a los expertos en Bioética y cuidados paliativos. En concreto, sobre el informe del Comité de Bioética de España, aseguró que «claro que nos lo hemos leído». Añadió que «da la impresión de que ellos no se han leído la ley», apuntando a que no hacía referencias al articulado de la nueva norma.

Montalvo asegura que los expertos de este organismo conocía perfectamente el articulado de la proposición. «Pero el informe no es sobre la ley sino sobre el proceso al final de la vida. Por lealtad institucional y por cortesía» no quisieron, añade, entrar en el contenido concreto sin que el Gobierno (al que están vinculados) se lo pidiera. El documento, por tanto, «no es sobre la ley sino sobre el proceso al final de la vida, un problema ético de calado». Y lo hicieron «porque ley que nos regula nos lo permite», aclara su presidente.

Preguntado ahora por el contenido concreto de la nueva norma, el presidente del CBE reconoce que «intenta recoger una serie de garantías y distinciones. Pero cuando llega la realidad esas garantías se vienen abajo. Puedes redactar una ley muy bien pero si parte de un concepto erróneo o de ignorar un riesgo», da igual. «El problema es más de calado».

La falta de consultas «resta riqueza al debate»

La exministra ya se había mostrado crítica en el pasado con su propio organismo asesor. En una tribuna publicada en elDiario.es el 18 de octubre, se mostraba sorprendida por el hecho de que el informe se hubiera publicado el 9 de ese mismo mes, cuando la proposición se presentó en enero. «Es realmente una forma un poco extraña de asesorar», escribía.

No tenía en cuenta que este había abordado la cuestión en una reunión el 4 de marzo. En una declaración al final de la misma, había explicado que la vía de tramitación de la eutanasia como proposición y no como anteproyecto de ley hacía que el Gobierno no estuviera obligado a pedirles un informe. Pero lamentaba que esta decisión de dejarles de lado «resta riqueza al necesario debate sobre una norma de enorme calado social, ético y legal».

Con la pandemia de por medio

Dejaban la puerta abierta a que el Gobierno a pesar de todo les consultara, pero además informaban de que habían decidido «iniciar la elaboración de un informe en el que se aborden las principales cuestiones bioéticas del debate». Ya entonces, por tanto, se informó de que el documento no analizaría el contenido concreto de la ley.

Su elaboración, además, se vio muy retrasada porque en esa misma reunión gran parte del comité se contagió de coronavirus. Algunos miembros estuvieron a punto de morir. Y a pesar de ello, entre marzo y abril sacaron tres documentos sobre diversos problemas que planteaba la pandemia, y otro más en agosto. «Yo sacrifiqué mi verano, después de un año durísimo, para preparar el borrador del informe sobre la eutanasia», reconoce Montalvo.